Siete de cada diez parados coruñeses reciben la prestación por desempleo

Los casi cinco años de crecimiento económico sostenido tras el final de la pandemia no solo han reducido el número de desempleados en la provincia de A Coruña hasta niveles que no se veían desde 2008. También han modificado la situación en la que se encuentran quienes continúan buscando trabajo. Hoy, siete de cada diez parados coruñeses cuentan con algún tipo de prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una protección que actúa como barrera para evitar que la pérdida del trabajo derive, de forma automática, en situaciones de vulnerabilidad difíciles de revertir.

La tasa de cobertura —el porcentaje de personas desempleadas que reciben ayudas— se sitúa en el 73,2% en la provincia, según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al mes de septiembre. Es la cifra más elevada de toda la serie histórica, con la excepción del año 2020, cuando los ERTE aprobados por el cierre de la actividad para frenar la expansión del coronavirus elevaron el indicador hasta el 74,7%.

El contraste con el pasado reciente es significativo. En 2017, la tasa apenas rozaba el 50%. Es decir, que entonces la mitad de las personas inscritas en las oficinas de empleo no recibía ninguna ayuda. En 2018, el porcentaje ascendió ligeramente hasta el 51,3% y, en 2019, el último ejercicio de fuerte expansión antes de la pandemia, se situó en el 57,1%. La mejora es, por tanto, estructural y sostenida.

Pero no solo ha aumentado el número de beneficiarios. También ha cambiado la composición de las ayudas. De las 29.651 personas que cobraban una prestación en septiembre en la provincia, el 48% percibía la prestación contributiva, la de mayor cuantía. Ocho años antes, ese porcentaje era del 44%. Esta evolución refleja que un mayor número de trabajadores acumula periodos de cotización suficientes para acceder a ayudas de mayor importe.

Detrás de estos cambios confluyen varios factores. El primero, la reducción del paro: la provincia ha pasado de más de 73.000 desempleados en 2017 a menos de 45.000 en la actualidad. Con menos paro estructural, disminuye el peso de los desempleados de larga duración, que son quienes con más frecuencia agotan las prestaciones.

A ello se suman los efectos de la reforma laboral. La generalización del contrato indefinido permite carreras laborales más estables y cotizaciones más continuas, lo que se traduce en un mayor acceso a prestaciones contributivas. Incluso la figura del fijo discontinuo contribuye a este fenómeno, ya que estos trabajadores permanecen más tiempo de alta que quienes antes cubrían esos puestos con contratos temporales.

La cuantía media que perciben los beneficiarios, 1.015 euros mensuales, también se ha incrementado, influida por la mejora de los salarios y de las bases de cotización. Pese al avance, la provincia coruñesa mantiene un diferencial respecto al conjunto del país, donde la tasa de cobertura alcanza el 77,8%, lo que indica todavía margen para mejorar.

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