Fondos planean embargar 700 millones en bienes de España en EEUU por el recorte renovable

España lleva años sorteando el pago de indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. A modo de condenas por laudos interpuestos por inversores afectados por el hachazo retroactivo a las primas a las plantas verdes, el Estado español acumula compensaciones impagadas por unos 1.755 millones de euros (a los que se suman otros más de 415 millones en concepto de intereses de demora) y sólo ha ejecutado el abono a un único inversor al agotar todas las vías legales para evitarlo.

Las larguísimas batallas legales, ahora comandadas en su inmensa mayoría por fondos oportunistas que han recomprado los derechos de cobro a los inversores originales, se intensifican con un nuevo frente judicial internacional. Varios inversores afectados por los impagos de las indemnizaciones se movilizan para conseguir en Estados Unidos una ola de embargos e incautaciones de bienes del Estado español para poder cobrar cerca de 700 millones de euros.

El fondo Blasket Renewable Investments ha presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Washington DC) la primera solicitud formal para iniciar el rastreo de bienes y activos del Estado español en EE UU para activar su confiscación, como parte del procedimiento tras sentencias contra el Reino de España con el objetivo de ejecutar los laudos arbitrales internacionales firmes. El fondo oportunista ha activado la solicitud correspondiente al laudo del grupo Watkins contra España, y pretenden adherirse próximamente a la reclamación otra media docena de empresas y entidades.

Los inversores y fondos oportunistas exigen que España proporcione, en un plazo máximo de 30 días, información detallada sobre activos, cuentas bancarias, deudas, préstamos contratos y propiedades localizadas en Estados Unidos, así como datos relativos a diversas empresas y entidades públicas españolas (así como algunas privadas que están vinculadas al Estado a través de su accionariado u otro tipo de vínculo).

Entre las compañías y entidades españolas sobre las que se solicita información figuran el holding estatal SEPI, Renfe, Enaire (el grupo encargado del control aéreo y máximo accionista de Aena), Paradores, Ineco o el Instituto Cervantes, con el fin de determinar si actúan como alter ego del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo. Algunos inversores ya habían conseguido en Europa el embargo, al menos temporal, de algunos activos españoles en el extranjero (como la sede en Londres del Instituto Cervantes, ahora en litigio, o los pagos de Eurocontrol a Enaire) y el Estado se ha visto obligado a consignar fondos para evitar o postergar la incautación en algunos casos.

Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra España en las últimas semanas, reconociendo el derecho de los inversores a cobrar las indemnizaciones por un total de 688,4 millones. Son los beneficiarios de esas indemnizaciones por casi 700 millones las que se movilizan ahora para conseguir las incautaciones. A la sentencia más reciente, ligada al caso del grupo 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a casos de antiguos inversores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).

El escudo de Bruselas

España hasta el momento sólo ha visto forzada a pagar en una ocasión una indemnización millonaria a un inversor internacional por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados por el Ejecutivo de Rajoy. Tras años de resistencia por parte del Ejecutivo español a abonar las compensaciones a las que le habían condenado diferentes cortes de arbitraje internacional, los fondos de inversión especializados en gestionar este tipo de pleitos consiguieron el pasado junio romper el bloqueo y encontraron la vía de empezar a cobrar (aunque sólo para una parte muy menor de las indemnizaciones de más de 10.000 millones que se llegaron a reclamar en varias decenas de demandas).

Besteiro advierte de que Galicia «no puede permitirse» el parón eólico

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, indicó ayer que Galicia «no puede permitirse» mantener la paralización de los proyectos de energía eólica, cuya responsabilidad atribuye a la falta de planificación del PP, y señaló que en Bruselas «son conscientes» de esta circunstancia. «Si hay parón y lo que se ofrece son soluciones de parcheo que no son definitivas, estaremos permanentemente instalados en el parón. Y eso es lo que evidentemente no puede permitirse Galicia», señaló Besteiro en declaraciones a los medios tras reunirse con el vicedirector general de Energía de la Comisión Europea, Mechthild Woersdoerfer. Besteiro rechazó que las resoluciones judiciales sean la única causa tras el parón.