La pensión de un autónomo coruñés es un 43% inferior a la de un asalariado
La prestación media que reciben estos profesionales tras su jubilación no alcanza ni los 900 euros | Para quienes dependen de una pensión de viudedad se reduce a 622

Varios jubilados en un parque. | Iñaki Osorio
M. Rodríguez / D. Navarro
La brecha entre las pensiones de los asalariados y las de los trabajadores por cuenta propia sigue siendo abismal en la provincia de A Coruña. Un autónomo coruñés jubilado percibe de media 898 euros al mes, frente a los 1.585 que recibe un asalariado, según los últimos datos de la Seguridad Social. La diferencia —687 euros mensuales, un 43% menos— refleja con crudeza el efecto de décadas de cotizaciones más bajas, un problema estructural que las reformas del sistema aún no han logrado corregir.
Aunque la media gallega también está por debajo de la estatal (los autónomos españoles cobran 1.010 euros), el caso coruñés ilustra una realidad especialmente dura: la mayoría de los profesionales por cuenta propia no llega a ser mileurista tras jubilarse. Y para los beneficiarios de pensiones de viudedad la situación es todavía más grave: 928 euros de media si la pensión proviene de un asalariado, pero apenas 622 si procede de un autónomo.
«Pensionistas pobres»
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, lo resume sin rodeos: «Lo que tenemos ahora son pensionistas pobres, autónomos que después de toda una vida trabajando cobran 750 u 800 euros. Es imposible vivir dignamente con esas cantidades».
Abad defiende que la raíz del problema está en un modelo de cotización históricamente desvinculado de los ingresos reales. «Durante años muchos autónomos cotizaron por bases mínimas, incluso cuando sus ingresos eran mayores», recuerda. La reforma del sistema de cotización, en marcha desde 2023, pretende precisamente ajustar las cuotas a los beneficios reales, de forma que cada trabajador contribuya en función de lo que gana y su futura pensión refleje mejor su esfuerzo contributivo.
Sin embargo, la negociación sobre las cuotas mínimas que deberán aplicarse en 2026 sigue abierta entre el Gobierno y las principales organizaciones del sector. Desde UPTA, Abad propone una subida progresiva de las cotizaciones, con más esfuerzo para los tramos altos y un incremento más suave para los de ingresos reducidos.
«Hay un 40% de autónomos que declara rentas por debajo del salario mínimo, pero otro 30% gana más de 2.500 euros al mes, y dentro de ese grupo, la mitad supera los 4.000. Es a esos a los que podemos pedir una mayor contribución, y muchos estarían dispuestos si a cambio se garantizan pensiones más dignas», argumenta. El dirigente de UPTA cree que la situación empezará a mejorar en los próximos años, cuando accedan a la jubilación los autónomos de la generación del baby boom, que cotizaron más y durante más tiempo. «Veremos una subida gradual de las pensiones medias, aunque aún llevará tiempo cerrar la brecha con los asalariados», admite.
No obstante, Abad insiste en que la verdadera carga para los trabajadores por cuenta propia no son las cotizaciones, «que generan derechos», sino la fiscalidad. «Un autónomo soporta una tributación por IRPF cercana al 30%, mientras que un banco no llega al 4% y una sociedad media del Ibex paga en torno al 7%», denuncia.
La otra gran organización del colectivo, ATA, integrada en la patronal CEOE, discrepa de este diagnóstico. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, critica la última propuesta del Gobierno, que congela las cuotas más bajas y sube un 2,5% las más altas, por considerar que no mejora la protección social.
«La idea de la reforma era reforzar la seguridad de los autónomos y eso no se ha hecho», sostiene Ferrero. Pone como ejemplo las trabas para acceder a la prestación por cese de actividad —el paro de los autónomos—: se rechaza el 60% de las solicitudes, afirma.
ATA también denuncia que el nuevo sistema no se basa en los ingresos reales, sino en los «ingresos fiscales», que no reflejan adecuadamente los gastos deducibles de los profesionales. Además, Ferrero subraya que dentro del colectivo hay perfiles muy distintos: mujeres mayores del medio rural que buscan una pensión mínima o pluriempleados con otra ocupación asalariada. «A estos colectivos habría que ofrecerles convenios especiales y ayudas específicas, pero no se ha hecho nada», lamenta.
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