Bruselas revisará el veto al palangre tras forzar el éxodo de 20 pesqueros

La adopción de una medida a cargo de la administración siempre va de la mano de una evaluación previa: ¿Es necesaria? ¿Qué pretende conseguir? ¿Tendrá impacto sobre colectivos o el erario público? En una decisión con alcance socioeconómico y ambiental, esa evaluación sería triple: social, económica y medioambiental. Pero la Comisión Europea, cuando aprobó el "acto de ejecución" 2022/1614 en septiembre de 2022, no hizo ninguna. Decidió, sin ninguna información —como plasmaban sus informes internos— vetar la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias, en más de 16.500 kilómetros cuadrados donde "existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables". Este periódico advirtió que en casi la mitad de los polígonos ni siquiera se alcanzaban los 400 metros de profundidad. Aun asumiendo que desconocía qué hace el palangre en los fondos —"se ignora su impacto"— o qué roto económico causaría —"no lo conocemos"—, Bruselas nunca quiso corregirse y tampoco hizo la revisión anual prometida.

Más de tres años después, la cartera que dirige Costas Kadis está dispuesta a enmendarse. Según trasladó al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, propondrá una reforma legal para que el palangre, como arte fija, no tenga la consideración de aparejo de fondo y pueda volver a faenar en las zonas vetadas. Kadis quiere primero un nuevo informe solicitado al ICES que arroje luz sobre este tipo de aparejo. Es un avance notable, teniendo en cuenta que su predecesor nunca se planteó esta opción.

Sea cual sea el dictamen, el destrozo ya está ahí. Desde la entrada en vigor del acto de ejecución, una veintena de buques que operaban en Gran Sol y aguas nacionales causaron baja en la flota española. Hay otros cuatro palangreros a la venta y dos en proceso de exportación.

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