Personal de Tragsa en oceanográficos elevará al Ministerio el veto al quiñón

La decisión de la compañía pública Tragsa de prohibir el reparto del pescado entre la tripulación —práctica conocida comúnmente como quiñón—,ha aflorado otra muy polémica: buques oceanográficos del Estado tiran «miles de kilos» de capturas al mar, denuncian los trabajadores, dado que tampoco se almacenan en bodega para su eventual entrega a ONG o para la producción de harina de pescado. Según ha podido contrastar este periódico son dos los barcos que están descartando el resultado de sus lances en el mar, el Vizconde de Eza y el Miguel Oliver, ambos adscritos a la Secretaría General de Pesca. La gestión de toda la flota de investigación de España, también la del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está encomendada a Tragsa. No todas las embarcaciones, eso sí, realizan labores de pesca puesto que algunas se limitan a trabajos periódicos de control o a proyectos de batimetría.

Fue en el Miguel Oliver, 18 años después de su entrada en funcionamiento, en el que Tragsa comunicó hace escasos días su decisión de prohibir el quiñón —a través de un escrito sin firma ni fecha—, una directriz que entre la tripulación han vinculado a una represalia por las denuncias de acoso laboral que están ahora bajo investigación interna. Desde la plantilla han remitido una reclamación a la gestora del barco pero avanzan que, ante la falta de respuesta, elevarán su queja al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Nos dirigiremos directamente a ellos», dice uno de los empleados. «Estamos tirando el pescado al mar en vez de darlo a personas que lo necesitan».

Este periódico ha dirigido sendas consultas por escrito a este mismo ministerio, del que depende la Secretaría General de Pesca, y también al de Consumo. A ambos departamentos se le ha cuestionado si conocían esta práctica de descartar el pescado, si tomarán medidas para pararla y si consideran, en caso contrario, si es acorde o no a los preceptos de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Desde Consumo han indicado que la competencia es de Pesca; Pesca no ha respondido a ninguno de los dos correos.

Esta Ley 1/2025 expone, en su preámbulo, que «reducir drásticamente ese volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral de los poderes públicos y de los operadores de la cadena de suministro». Establece «obligaciones» a los agentes de la cadena alimentaria pero también, en su artículo 11, a las administraciones públicas. Así, determina que éstas deberán «promover la prevención del desperdicio» o «asegurar la coherencia legislativa con el objetivo de reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos coordinando las iniciativas legislativas ya existentes en esta materia y todas aquellas que puedan desarrollarse con posterioridad».

En paralelo, desde el año 2019 está plenamente en vigor el Reglamento nº 1380/2013 de la Comisión Europea, que fue implantándose de forma paulatina desde 2015 y que prohibe los descartes, además de obligar al desembarque de todas las capturas accesorias sujetas a cuota. Descarte es, por definición, la captura que se arroja al mar. Ese pescado no puede generar ingresos a la armadora y computa contra los cupos del barco.

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