Castilla-La Mancha exige estar en la "cocina" de la nueva financiación autonómica y critica las negociaciones bilaterales con Cataluña

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado este lunes que la reforma del sistema de financiación autonómica se negocie “desde el primer momento” con todas las comunidades de régimen común y no a través de acuerdos bilaterales, al tiempo que ha denunciado la falta de información con la que las autonomías están elaborando sus presupuestos del próximo año mientras se fijan los objetivos de estabilidad.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Ruiz Molina ha valorado como “un paso importante” que el Gobierno central haya confirmado su intención de liderar la reforma de la financiación y que el modelo que se está trabajando sea “aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen común”. Sin embargo, ha advertido de que esa premisa “choca” con el hecho de que, según ha trascendido, se estén manteniendo negociaciones específicas con Cataluña.

El consejero ha afirmado que toda la información que maneja sobre esas conversaciones procede “de los medios de comunicación”, pero recordó que “todos sabemos que ha habido reuniones e incluso papeles”, hasta el punto de que ERC “haya llegado a decir que estaba satisfecha con cómo iban las negociaciones”. Por ello, ha pedido a la vicepresidenta que haga partícipes al resto de autonomías de esa documentación y ha subrayado que en Castilla-La Mancha “no gustan los platos precocinados”, sino “estar en los fogones, en la cocina” de la reforma.

Ruiz Molina también quiso matizar el concepto de solidaridad interterritorial. “La riqueza no es de las comunidades autónomas, la riqueza es nacional y está al servicio del interés general”, ha defendido. A su juicio, la financiación autonómica no debe presentarse como fruto de la solidaridad de unas regiones con otras, sino como el resultado del reparto de la riqueza nacional para garantizar que todas las autonomías disponen de recursos suficientes para prestar los servicios fundamentales “en condiciones de igualdad”, con independencia de la capacidad económica de los residentes o del territorio.

En este contexto, ha alertado de una “contradicción” entre la multilateralidad que se proclama y la bilateralidad que se practica, y ha precisado que solo concibe esta última “para aquellas competencias que sean propias y específicas de una comunidad autónoma”. Además, ha reclamado la creación de un fondo transitorio que compense temporalmente a las comunidades “objetivamente infrafinanciadas”, entre ellas Castilla-La Mancha, mientras no se apruebe el nuevo sistema.

Respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit, el consejero ha expresado su “malestar, no como reproche, sino como reflexión” ante el hecho de que la autonomía financiera de las comunidades “tenga que estar al albur de lo que ocurre en Madrid”. El consejero ha recordado que Castilla-La Mancha lleva “más de un mes” tramitando su proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio “sin información absolutamente necesaria”, como los objetivos definitivos o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, que suponen “más del 50%” del gasto autonómico. “Es trabajar a ciegas”, ha resumido.

Pese a estas críticas, Ruiz Molina ha explicado que Castilla-La Mancha ha votado a favor de los objetivos de estabilidad aprobados en el CPFF y reiteró que el Gobierno regional se ha marcado el equilibrio presupuestario en 2026, utilizando el margen de déficit acordado “como retaguardia”.

35 millones adicionales para la región

En cuanto a las entregas a cuenta del sistema de financiación, ha señalado que ya se comunicaron en julio y que en la reunión de este lunes se ha anunciado su actualización en noviembre. Según sus cálculos, esa revisión supondrá en torno a 35 millones de euros adicionales para Castilla-La Mancha.

Sobre el calendario de la reforma del modelo, el consejero ha reconocido que ha habido “baile de fechas” y que no se ha facilitado un horizonte claro más allá de la intención del Gobierno de tenerlo listo antes de que acabe la legislatura, en 2027. Ha advertido, no obstante, de que cuando se habla de “próximas semanas pueden transcurrir meses, y cuando hablamos de meses” el proceso puede dilatarse más de lo deseable. Por ello, ha reclamado que se activen cuanto antes los grupos de trabajo técnicos en los que participen todas las comunidades, “si es que nos dan participación”, y que la reforma no llegue “precocinada desde Barcelona”, sino fruto de una negociación multilateral real.

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