Nueva fricción con Madrid: los menores se van pero los tutela Canarias

Las fricciones entre el Estado y Canarias continúan. Aunque el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo avanza sin grandes imprevistos –especialmente tras el tercer auto del Tribunal Supremo, que otorgó a la Administración central un plazo «improrrogable» de 15 días para asumir la atención de los chicos y que venció el pasado 21 de noviembre–, el proceso ha abierto un nuevo frente: la tutela de los menores.

Cerca de 578 ya han sido incorporados a la red estatal y la guarda se ha transferido, pero Canarias mantiene la tutela pese a la distancia que existe con el que ahora es el lugar de residencia de los chicos. La situación ha generado múltiples dudas y desajustes administrativos. El nuevo escenario implica que la Comunidad Autónoma sigue ostentando la responsabilidad legal y las obligaciones de seguimiento para garantizar el bienestar de los menores, con todo lo que esto conlleva: cualquier decisión sobre su situación jurídica o de protección continúa recayendo de manera formal en las Islas, aun cuando ellos ya residen en otro territorio de la Península.

Desde el Gobierno de Canarias reconocen que la tutela de los chicos ha sido históricamente un punto de tensión con el Estado. El Ejecutivo regional sostiene que debería ser la Administración central quien asuma esa responsabilidad, aunque reconocen que la urgencia en las derivaciones –motivada por la saturación de los centros de acogida del Archipiélago– ha impedido a ambas administraciones profundizar en este debate.

El auto

Mientras que el auto del Supremo establece que Madrid debe asumir la asistencia de los menores solicitantes de protección internacional, el fallo no aclara qué ocurre con su tutela ni con su guarda. En este vacío, entran en juego varios principios que, según Lucas Pérez, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, son «fundamentales»: la cooperación entre las administraciones y el interés superior del menor.

Aunque las discrepancias entre los Gobiernos no cesan, la legislación establece que la tutela de los menores corresponde a una comunidad autónoma. Cuando algún chico se traslada a la Península, el Estado «no debe ni puede» asumir esa responsabilidad que, además, la Constitución atribuye a las comunidades. La situación obliga, por tanto, a que las regiones alcancen un acuerdo –respaldado en el artículo 35 de la Ley de Extranjería– en el caso de que haya traspaso en la tutela de los adolescentes.

El escenario es claro. «El Estado no puede obligar a una comunidad autónoma a asumir la tutela», subraya Pérez. Pero, aunque legalmente siga correspondiendo a Canarias, «no tiene sentido» que Madrid se desvincule de todos los aspectos relacionados con la guarda.

Los centros de menores

Esta situación toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que en las Islas se han cerrado centros de menores después de revelarse un patrón de malos tratos y abusos en los recursos. Ahora, a kilómetros de distancia resulta «mucho más complicado supervisarlo todo». En este contexto, apunta el experto, en la cesión de los menores debe existir una previsión legal que permita al Estado gestionar todos los aspectos derivados de la guarda mientras estén en la región de destino, incluyendo su cuidado, la asistencia médica, la educación y la documentación. Al contar con presencia administrativa en todo el territorio, «tiene sentido que sea el propio Estado quien controle la guarda».

Ante la nueva coyuntura, y con más de 500 menores en la Península –una cifra que seguirá en aumento a medida que lleguen más jóvenes a las costas canarias sin compañía de un familiar adulto–, Canarias asegura mantener un «contacto permanente» con los centros donde se encuentran los chicos. Así lo explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, quien añade además que los recursos de acogida en los que se encuentran los niños informan al Ejecutivo canario de cualquier incidencia, solicitud o actividad externa que realicen. En esta línea, asegura que cuando la situación lo permita, técnicos del Archipiélago se desplazarán hasta el territorio peninsular para visitar los recursos.

La vía exprés

«Los menores hay que acogerlos, pero lo preocupante es que existan macrocentros donde se encuentran en malas condiciones», subraya Rodríguez, en referencia a algunos de los recursos de acogida que han estado abiertos en las Islas dada la situación de emergencia migratoria. Tras los traslados, asevera la directoria general de Infancia, los chicos –que en el Archipiélago estaban en recursos saturados por el hacinamiento de las Islas que llegaron a tutelar a más de cinco mil menores en solitario– se encuentran en centros más pequeños y adecuados.

Pero las tensiones entre el Estado y Canarias van más allá de la tutela. Esta situación se inscribe en un escenario más amplio de controversias. A uno de los menores reubicados ya se le ha denegado la petición de protección internacional cuando se encontraba en la Península. Una resolución que lo obliga a regresar a Canarias. Este caso ha llevado al Ejecutivo canario a explorar alternativas, como que los menores trasladados a los que se les rechace el asilo puedan ser atendidos por otras comunidades autónomas, al amparo de la contingencia migratoria prevista en la reforma de la Ley de Extranjería.

Sin embargo, la vía exprés tampoco ha resultado efectiva. Hasta el momento, apenas 42 menores migrantes han salido de las Islas a través de este mecanismo. Una cifra que resulta insuficiente si se tiene en cuenta que las costas canarias han recibido cerca de 254 nuevas llegadas en las últimas semanas. Este procedimiento –diseñado para que cualquier menor no acompañado abandone la región en un plazo de 15 días– se ha prolongado de media entre un mes y mes y medio.

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