Galicia solo instaló el 1% del nuevo músculo eléctrico del país este año

El parque eólico A Ruña III salió por la puerta grande del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y volvió por la pequeña al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ubicada en el concello coruñés de Mazaricos, la instalación, con cuatro aerogeneradores y una potencia total de 15 megavatios (MW), se convirtió en la gran esperanza del sector para desbloquear su actual parálisis por los cientos de recursos de las organizaciones vinculadas al movimiento «Eólica, así non» y la cascada de autos de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego que están suspendiendo cautelarmente los proyectos. Con su caso se juzgó en Europa la tramitación de los parques eólicos en toda España y, en general, de cualquier planta industrial o infraestructura que requiere de una evaluación de impacto. Los magistrados del TJUE lo tuvieron claro: no existe ninguna vulneración de la normativa comunitaria ambiental.

El veredicto conocido el pasado agosto insiste en lo que ya antes dictaminó el Tribunal Supremo español. Que la legislación europea no concreta en qué momento deben recabarse los informes sectoriales elaborados por los organismos públicos con potestad en el examen. Mientras el TSXG sostenía que esos informes deben estar listos para la fase de exposición pública, el TJUE remarcó que los Estados miembros «pueden optar por que la consulta a las autoridades que puedan estar interesadas en el proyecto debido a sus responsabilidades medioambientales específicas o a sus competencias locales o regionales, por una parte, y al público interesado, por otra, se realice simultáneamente, sin que este último tenga derecho a formular posteriormente, ante la autoridad o las autoridades competentes para autorizar dicho proyecto, sus observaciones y opiniones sobre los dictámenes emitidos en este contexto por las autoridades consultadas». La participación del público interesado «puede considerarse real», añadieron, en referencia a la otra duda planteada por los jueces gallegos.

Pero el parque A Ruña III no fue adelante. Al menos de momento. Tras la resolución de la justicia europea, el TSXG entró en el fondo del recurso de Petón do Lobo contra el parque impulsado por Eurus Desarrollos Renovables y acabó anulando definitivamente las autorizaciones de la Xunta echando mano a otra razón. Por dejar fuera del análisis del impacto al entorno la red eléctrica de evacuación. «A Ruña no solo se configura como una instalación que produce energía eléctrica, sino que también almacena y transporta hasta la red», indica el fallo conocido en octubre, por lo que «se tenían que haber contemplado todos sus componentes en un solo proyecto o, al menos, valorar de forma conjunta en una sola declaración de impacto ambiental».

El enésimo giro del TSXG en la eólica aleja la idea de una rápida solución al atolladero judicial. Este caso acabará en manos del Supremo a través de recursos de casación. Como la mayoría de litigios abiertos por disputas medioambientales. Se revisarán uno a uno, con todo lo que eso supone de compás de espera. En plena transición energética para la descarbonización de la economía y con la electrificación como asignatura obligatoria para poder jubilar a los combustibles fósiles, Galicia se queda sin margen para ampliar su músculo de producción verde.

A falta de muy pocos días para cerrarlo, este será otro año que pasará sin pena ni gloria para el sistema energético autonómico. Hay ahora mismo 9.881 MW en funcionamiento tras un incremento de unos 90 MW en lo que va de 2025. La comunidad acaparó únicamente el 1% de los 8.500 MW de nueva potencia, básicamente en renovables, que se encendió en el país, según los últimos registros recién actualizados por Red Eléctrica.

La evolución de Galicia contrasta con lo ocurrido en el resto de las grandes potencias energéticas españolas. Andalucía alcanza los 24.100 MW activos, cerca de 2.000 MW que a finales del ejercicio pasado. En Castilla y León se conectaron 2.160 MW y el total roza los 17.800. Castilla-La Mancha sumó 1.250 y su capacidad al completo supera los 17.300 MW. En Extremadura (14.077 MW) se engancharon 728 MW; otros 826 en Aragón (13.594 MW); y 216 en Cataluña (13.003 MW).

El mayor avance de la potencia incorporada al sistema este 2025 se da en la fotovoltaica, con 7.900 nuevos MW. La tecnología solar se mantiene líder con una cuota cerca al 33% de toda la potencia operativa. Le sigue la eólica con 33.051 MW, lo que supone un crecimiento de 921,5 MW. Ciclos combinados (26.250 MW), hidráulica (17.077 MW) y nuclear (7.117) siguen sin cambios; y la cogeneración perdió alrededor de 300 MW.

¿De dónde viene ese pellizco casi simbólico en el pulmón eléctrico de Galicia? De la eólica, que alcanza los 4.028 MW en movimiento. La comunidad mira de lejos el podio del viento en España. A la cabeza figura Castilla y León, con 7.658 MW. Son 365 MW más que en 2024. Aragón incorporó 237 MW nuevos, hasta acariciar los 6.000; y Castilla-La Mancha, donde no hay variación ninguna, está a las puertas de los 5.000 MW.

Sin un avance relevante de la capacidad de generación, los objetivos marcados en la Axenda Enerxética de Galicia 2030 cada vez parecen más inalcanzables. La hoja de ruta de la Xunta para alcanzar la neutralidad climática en 2050 preveía como paso intermedio lograr 7.700 MW de eólica terrestre al concluir la década actual. Para conseguirlo, la comunidad tendría que instalar nada menos que una media de 734 MW en parques en cada uno de los próximos cinco años. El periodo de mayor incremento fue 2005 con unos 440 MW. La administración autonómica esperaba que la producción eólica en este 2025 aportase 13.800 gigavatios hora (GWh). Solo queda diciembre por contabilizar y la generación real se sitúa en la mitad, 7.600 GWh.

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