Mar priorizará las ayudas a pesqueras con planes antiacoso sexual a mujeres

El marisqueo a pie, una actividad en la que las mujeres concentran alrededor del 75% de los permisos en Galicia, es uno de los ejemplos más visibles del papel esencial que desempeñan en el sector marítimo-pesquero. A esta labor se suman muchas otras, desde la reparación y confección de redes al trabajo en las cofradías, la industria transformadora o la comercialización. Se trata de una contribución histórica y sostenida en el tiempo, clave para el mantenimiento de las economías costeras y pesqueras, pero que, según la Consellería do Mar, ha sido con frecuencia invisibilizada.

Las leyes y las instituciones han pasado tradicionalmente de puntillas por la aportación de las mujeres del mar, favoreciendo situaciones de desigualdad persistente que aún tienen impacto. Su trabajo, caracterizado por la cercanía al hogar y la posibilidad de conciliar con las responsabilidades domésticas y de cuidados, fue considerado durante décadas un complemento al de los hombres, sin un reconocimiento adecuado en la normativa laboral y social. Este fenómeno, señala la administración autonómica, va más allá de la mera cuestión de género.

El contexto es interseccional, ya que confluyen múltiples factores que agravan la discriminación: ser mujer, residir en zonas rurales o pesqueras, la edad —siete de cada diez mariscadoras superan los 50 años— o la informalidad con la que en muchos casos se desarrollan las actividades. Todo ello configura un entorno con barreras añadidas, derivadas también de la escasez de servicios e infraestructuras de apoyo, la desvalorización de habilidades y el acceso desigual a la formación y a los recursos. Este diagnóstico sustenta la elaboración de un estatuto propio para las mujeres vinculadas al sector.

La ley gallega de igualdad efectiva, en vigor desde finales de 2023, fijaba un plazo de un año para aprobar este estatuto, orientado a potenciar la empleabilidad, el bienestar, el liderazgo y la visibilidad de las trabajadoras del mar. Dos años después, el proyecto de decreto se encuentra por fin en fase de información pública, abierta a aportaciones hasta el 7 de enero.

La ley priorizará en el reparto de ayudas a las empresas que cuenten con protocolos contra el acoso sexual o planes de igualdad, y los planes de salud pública incorporarán de forma específica los riesgos que afectan a las mujeres vinculadas al sector marítimo-pesquero.

El texto dedica un capítulo al bienestar, con medidas que trascienden la prevención de riesgos profesionales en un sector considerado entre los más peligrosos del mundo. El borrador incorpora la perspectiva de género para abordar riesgos a menudo olvidados, como los derivados de actividades feminizadas o de la participación de mujeres en entornos masculinizados donde existe exposición a violencia sexual y sexista, incluidos casos registrados en embarcaciones pesqueras y científicas.

También se contemplan riesgos psíquicos asociados al aislamiento, a los largos periodos de distanciamiento familiar y a la asunción en solitario de cuidados, lo que exige un abordaje integral y la promoción de la corresponsabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo