La Inspección aflora en Galicia 10.000 falsos temporales y fijos discontinuos

El nuevo plan estratégico que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estrenó este año «sitúa a las personas en el centro del servicio público». «Cada vez más», cuenta el organismo, se solicita su intervención «para controlar el cumplimiento de la legislación sociolaboral y las normas de protección social». Los datos son elocuentes. Entre 2021 y 2024, las denuncias y comunicaciones se dispararon un 43%. «La Inspección debe dar una respuesta adecuada y útil a esa demanda, velando por el respeto de los derechos laborales y evitando así prácticas que suponen una competencia desleal», subraya . «Por tanto, en su misión de vigilancia y control de la normativa sociolaboral —añade en el relatorio de la nueva hoja de ruta hasta 2027—, la Inspección de Trabajo debe otorgar prioridad a los asuntos que más preocupan a la sociedad, como la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo o las condiciones salariales».

En pleno bum de afiliaciones, con datos récord de ocupados, la Inspección de Trabajo recibió 118.496 denuncias durante 2024 en todo el país. De ellas, 11.300 llegaron a través del buzón habilitado para que cualquier persona pueda trasladar un incumplimiento en materia laboral de forma anónima. Se dieron 581.786 órdenes de servicio, de las que la mayoría, alrededor de 310.00, estaban ya previstas. El organismo revisó 690.933 centros de trabajo pertenecientes a 522.883 empresas y detectó un total de 130.416 infracciones. La sanciones superaron los 541 millones de euros y el importe de los expedientes liquidatorios por deudas vinculadas a la falta de alta en la Seguridad Social o cotizaciones no declaradas, entre otras irregularidades, alcanzaron los 941 millones de euros.

A pesar de que el número de actuaciones desarrolladas en Galicia bajó —fueron 86.061 en 2023 y 80.791 en 2024—, los inspectores encontraron más infracciones: 5.213, tras un incremento de casi el 10%, según el balance que acaba de publicar el organismo. Esas irregularidades afectaron a 27.200 trabajadores (30.478 el ejercicio anterior). El importe de las sanciones medró el 13%, hasta los 21,7 millones de euros; y el importe de los expedientes liquidatorios rebasó los 47 millones de euros, lo que supone un alza del 11%.

En el área de relaciones laborales, el mayor número de actuaciones impulsadas a lo largo del pasado año en el conjunto del Estado corresponde al tiempo de trabajo. Fue, además, el asunto en el que más ilegalidades se hallaron, el 47,8%. Le sigue la transgresión de la normativa sobre contratos de trabajo (16,7%); salarios, recibos de salarios y finiquitos (8,9%); incumplimiento de la normativa de contratos fijos discontinuos (4,4%); y las horas extraordinarias (3,9%). Incluyendo la actividad ordinaria de la Inspección y el Plan de Choque llevado a cabo para seguir combatiendo los falsos temporales, la labor del organismo permitió la transformación en fijos de 77.787 empleos temporales.

Los engaños con los contratos temporales no pararon de subir hasta la entrada en vigor en enero de 2022 de la reforma laboral que colocó como modelo predominante los indefinidos y puso coto al uso de los temporales para situaciones muy concretas. En Galicia, por ejemplo, la Inspección encontró en 2021 más de 19.000 trabajadores que estaban contratados de forma eventual pese a que su tarea se mantenía en el tiempo. Al año siguiente, con la nueva normativa ya en funcionamiento, cayeron hasta los 13.676; y en 2023 se desplomaron a 4.292. Hubo un cierto repunte en 2024: 5.048.

La extensión de los fijos discontinuos como una alternativa a los contratos temporales afecta de lleno a la actividad de los inspectores. De hecho, su transformación en indefinidos convencionales ya supera en toda España al caso de los eventuales. Fueron 89.959 en 2024. No pasa lo mismo de momento en Galicia, donde los fijos discontinuos convertidos en indefinidos convencionales alcanzaron los 4.801, pero con un avance muy fuerte de aproximadamente el 50% en comparación con el ejercicio precedente.

En ambos casos, como cuenta la Inspección de Trabajo, el plan de choque ejecutado para aflorar este tipo de fraudes laborales constó de dos fases. Una primera de regularización voluntaria por parte de empresas en las que se detectaron posibles irregularidades «y que fueron objeto de las correspondiente comunicación en las que se les instaba a regularizar la situación de sus trabajadores». Y una segunda, consistente en actuaciones inspectoras en las empresas que hicieron caso omiso a las advertencias.

La supervisión pública sobre el mercado laboral derivó en la puesta al día de 56.106 altas a la Seguridad Social (4.274 en Galicia, una de las comunidades con mayor número de infracciones). De ellas, 48.652 directamente estaban al margen de la ley. Otras 220 se debieron a falsos becarios; y 7.234 a falsos autónomos, con un peso muy creciente en los últimos años. «El volumen de regularizaciones se debe principalmente al impuso de la actividad llevado a cabo en plataformas digitales de implantación nacional que recurren a este tipo de contrataciones, las cuales, cuando emplean falsos autónomos, lo hacen en un elevado número», detalla el informe.

Algo parecido está sucediendo en materia de contratación a tiempo parcial. La constatación de este modelo de fraude en el mercado de trabajo «ha llevado en los últimos años a una intensificación de las actuaciones inspectoras», con un plan de choque masivo durante 2024 que derivó en 41.987 incrementos de jornada en toda España y 2.198 en Galicia, el 65% en mujeres.

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