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Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas

La simplificación del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad dispara un 60% la cifra de particulares que acude a los tribunales para salir de sus números rojos

Interior de los juzgados de A Coruña. |  Víctor Echave

Interior de los juzgados de A Coruña. | Víctor Echave

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

Una mujer de A Coruña que arrastraba una deuda de 36.848 euros por la situación de insolvencia que se originó por los bajos ingresos que tenía, cancelada; un vecino de Ourense que se endeudó para costear el traslado de sus hijos a España logra liberarse de casi 19.000; una viguesa deja atrás más de 14.500; un matrimonio de Boiro al que se le perdonan 37.567 tras endeudarse por la llegada de su segundo hijo, viajes familiares por fallecimientos y la pérdida de empleo; un hombre separado que elimina 26.333 euros después de ver cómo su vida económica se hundía por problemas laborales y de salud; o incluso un matrimonio al que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña le ha perdonado 190.859 euros tras dos décadas de insolvencia por un accidente laboral y la necesidad de financiarse con créditos caros o los 222.610 de los que ha quedado exonerado un hombre de Ourense. Son historias distintas, pero con un denominador común: la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en la vía para empezar de nuevo.

Más de un millar de casos

Los anteriores son algunos de los casos que se han hecho públicos este año en Galicia. Y no son casos aislados. En los nueve primeros meses de 2025 han solicitado el concurso 1.232 personas físicas en la comunidad, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra equivale a más de cuatro personas cada día que acuden a los juzgados en busca de una salida legal a sus deudas.

Lo que hace apenas unos años era una figura casi desconocida hoy se ha normalizado y abarca perfiles muy diversos, desde familias ahogadas por préstamos personales hasta particulares que avalaron con su patrimonio operaciones que acabaron mal.

La llamada Ley de Segunda Oportunidad nació en 2015 con el objetivo de ofrecer a los particulares algo similar a lo que ya tenían las empresas: la posibilidad de volver a empezar sin quedar marcados de por vida por unas deudas imposibles de asumir.

El mecanismo clave es la denominada exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, el perdón judicial de la parte de la deuda que el deudor no puede pagar tras haber actuado de buena fe. Durante sus primeros años, el sistema avanzó con lentitud, pero las sucesivas reformas y, sobre todo, la simplificación del procedimiento han cambiado el panorama.

El impulso definitivo llegó con la generalización del llamado concurso exprés para casos sin bienes con los que responder a las deudas. En muchos procedimientos ya no es necesario nombrar administrador concursal, lo que reduce tiempos, costes y trabas burocráticas. La consecuencia es directa: más ciudadanos se atreven a dar el paso.

El perfil de quienes recurren a esta vía es hoy mucho más amplio que en los primeros años. Siguen llegando pequeños empresarios que avalaron créditos de sus negocios con su vivienda o sus ahorros, pero se suman cada vez más trabajadores con ingresos modestos que se han visto atrapados por préstamos personales, tarjetas revolving o financiaciones encadenadas para cubrir gastos cotidianos. Hay familias que acumularon deudas tras un divorcio, personas que perdieron el empleo, ciudadanos que sufrieron enfermedades o situaciones sobrevenidas que les dejaron sin margen económico.

Una herramienta legal más

Lo que está ocurriendo, coinciden los expertos, es que este mecanismo empieza a asumirse como una herramienta legal más, no como un último recurso vergonzante. La ley exige buena fe, transparencia y cumplir unos requisitos, pero a cambio permite algo esencial: romper con una losa financiera que impide trabajar, alquilar, financiar una vivienda o simplemente ordenar la economía familiar. Para quienes obtienen la exoneración supone volver a respirar y poder planificar su vida sin una carga permanente.

Con el número de solicitudes en ascenso y la figura cada vez más conocida, todo apunta a que la tendencia continuará. Mientras tanto, los juzgados gallegos siguen registrando a diario historias de fracasos económicos que, gracias a esta vía, se convierten también en relatos de reinicio.

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