El tiempo de baja de los trabajadores de A Coruña crece en 10 días en el último año

Al regresar al trabajo tras una larga convalecencia, muchos empleados descubren que volver a la rutina ya no es tan sencillo. Las bajas que antes podían resolverse en semanas ahora se prolongan durante meses. No es una percepción aislada, sino el reflejo de una tendencia clara: en la provincia de A Coruña, las ausencias laborales son cada vez más largas y mantienen alejados del puesto de trabajo a más personas que hace apenas un año.

Entre enero y agosto del ejercicio que acaba de finalizar, la duración media de los procesos de incapacidad temporal en A Coruña alcanzó los 77,05 días. En el mismo tramo de 2024, fue de 67,04. La diferencia —más de 10 días adicionales por baja— supone un incremento del 14,9% interanual, un salto que, en términos cuantitativos, refleja mucho más que un mero cambio estadístico.

Este aumento se produce en un contexto de crecimiento del número total de bajas: 112.516 procesos frente a 102.488 de 2024, casi un 10% más de trabajadores en situación de incapacidad temporal. Por su parte, la prevalencia —los casos por cada mil ocupados— se modera levemente y pasan de 26,27 a 25,86, lo que apunta a que, aunque hay más bajas, la proporción respecto al total de afiliados no crece en la misma medida.

El dato de A Coruña no surge en el vacío. La media de 77 días sitúa a la provincia en el sexto lugar con periodos de baja más largos en España, por detrás de Lugo (90), Pontevedra (79,9), Badajoz (79), Cáceres (78,5) y León (77,5). Debido al alto periodo de bajas en tres de las cuatro provincias gallegas (Ourense tiene 68,96 días), Galicia es la segunda comunidad en este apartado con 78,51, solo por detrás de Extremadura (78,88). Si se compara con la media nacional (43,4), los trabajadores de la provincia de A Coruña se pasan 30 días más de baja que en el resto de España.

Este contraste revela que hay factores territoriales que influyen en la experiencia de la incapacidad temporal que no se explican únicamente por la normativa o los sistemas de gestión: intervienen las características de la estructura productiva, las condiciones de trabajo, la salud de la población trabajadora y la respuesta sanitaria.

Algunas de las claves detrás de esta tendencia se encuentran en los cambios demográficos de la fuerza laboral. El colectivo de trabajadores mayores de 55 años en la provincia ha pasado en la última década de 92.000 a 124.000, lo que supone más del 23% del total de ocupados. Los empleados de mayor edad tienden a registrar patologías crónicas y procesos de recuperación más prolongados, sobre todo en lesiones musculoesqueléticas o problemas de salud asociados al desgaste físico con la edad.

Además, los análisis más recientes sobre siniestralidad laboral aportan otra perspectiva: en Galicia se registraron 42 accidentes mortales en el trabajo en los primeros ocho meses de 2025, cuatro más que en el mismo periodo de 2024. La comunidad lleva años en la parte alta de la siniestralidad laboral en España. Además de esta causa, los sindicatos achacan los altos periodos de baja a las elevadas listas de espera en la sanidad gallega.

Estrés y ansiedad

No menos relevante es la carga de dolencias de origen psicosocial que, si bien no siempre se reflejan con precisión en las estadísticas oficiales de accidentes o enfermedades profesionales, están presentes en informes sobre causas de ausencias laborales. Problemáticas como el estrés, la ansiedad o la depresión han aumentado en los últimos años y suelen requerir tratamientos y tiempos de convalecencia más largos que, por su propia naturaleza, no se resuelven con rapidez.

El impacto económico de este aumento de la duración de las bajas se deja sentir en varios frentes. Para las empresas, implica mayores costes de sustitución y reorganización del trabajo, especialmente en sectores donde la especialización del puesto hace difícil reemplazar temporalmente a un trabajador. Para las familias, la ausencia prolongada de ingresos —incluso cuando hay prestaciones— añade presión al presupuesto. Para el sistema de la Seguridad Social, significa una demanda mayor de recursos para gestionar prestaciones que, al prolongarse, implican costes acumulados más altos.

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