Galicia eleva hasta 15 millones al mes su aportación a la hucha de pensiones

Entre 1958 y 1977 nacieron en España más de 650.000 niños cada año; el pico, con cerca de 695.000 bebés, se registró en 1964. Esta es la que se conoce como la generación baby boom, que es la que ha empezado a jubilarse ahora y que someterá al sistema público de pensiones a mayores tensiones durante la próxima década y media. Como quiera que la Seguridad Social va a requerir de un refuerzo para abonar esas nuevas pagas, cada vez más elevadas y vinculadas con la inflación, el Gobierno puso en marcha en 2023 el denominado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que es una especie de hucha que se va llenando con la aportación de empresas y trabajadores. La tasa para este recién estrenado ejercicio equivale al 0,9% de la base de cotización: el 0,75% corre a cuenta de la empresa y el 0,15% restante, del empleado. Este porcentaje irá medrando hasta el 1,2%, que será de aplicación sin cambios hasta 2050.

Las aportaciones a esta cartilla, al MEI, se están viendo beneficiadas por la mejora del mercado laboral y la calidad del empleo: el conjunto de España computó en diciembre más de 21,84 millones de afiliaciones medias, que en Galicia ascendieron a más de 1,097 millones; las bases de cotización se han asentado por primera vez en la comunidad cómodamente por encima de los 2.100 euros.

Esta conjunción de factores es la que ha encaramando la recaudación para el mecanismo de equidad intergeneracional hasta los 167,5 millones de euros en el periodo enero-noviembre del pasado ejercicio, último del que el ministerio que dirige Elma Saiz dispone de cifras cerradas. Equivale a un aumento interanual superior al 26%; son unos 15 millones de euros mensuales. Desde su entrada en vigor, la contribución de Galicia vía cotizaciones sociales a esta hucha ha superado los 500 millones de euros.

El mecanismo de equidad generacional reemplaza al polémico factor de sostenibilidad, que no llegó a ejecutarse pero que causó una enorme contestación social. Antes de la última reforma de las pensiones, con el gobierno popular de Mariano Rajoy, el sistema público tenía dos pilares: este mencionado factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. El segundo limitaba la actualización de las pagas al 0,25%: solo si la Seguridad Social salía del déficit —que, a efectos prácticos, no lo haría nunca— las subidas podrían ser superiores. El primero pasaba por una reducción en sí de las pensiones: se pagaría menos dinero a los jubilados o las viudas, pero cobrarían durante más años gracias a la mejora de la esperanza de vida. Las prestaciones contributivas están sujetas ahora al índice de precios al consumo, a la inflación.

Para un salario bruto de 1.500 euros mensuales, por ejemplo, la aplicación del MEI para este año supone una deducción de 13,5 euros mensuales, de los que 2,25 euros corresponden a la aportación del trabajador y los 11,25 euros restantes, a la empresa. En el caso de los autónomos, su contribución es íntegra, del 0,9% de la base de cotización. Según los cálculos del Gobierno, esta tasa recaudará en torno a 22.000 millones de euros hasta 2022. El coste mensual del sistema público de pensiones en España fue en diciembre de 13.750 millones de euros; en Galicia se acercó a los 900 millones.

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