El Congreso de EEUU impulsa el veto a la cría y compra de pulpos de granja

La cría de pulpo en cautividad ha sido un desafío para la comunidad científica: las dificultades de asegurar la supervivencia de la especie desde la fase larvaria a la de tamaño adulto, junto con las condiciones necesarias para su alimentación y reproducción, frustraron múltiples proyectos en todo el mundo. Fue en noviembre de 2018 cuando, en alianza con el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Nueva Pescanova anunció el hito: los ejemplares se habían reproducido al fin y, en un plazo de ocho meses, alcanzado un tamaño óptimo para su comercialización, con hasta 2 kilos de peso. De aquel avance nació la iniciativa de la multinacional para la construcción de una planta capaz de sacar al mercado 2.400 toneladas anuales, con una inversión superior a los 50 millones de euros. Aunque evaluó la costa gallega para levantarla, finalmente se decantó por Canarias.

Aquella actuación no llegó a materializarse —nunca fue descartada oficialmente por la empresa— pero, aún así, no ha dejado de generar controversia dado que una potente corriente social y política, amparada por múltiples ONG, considera que la cría de pulpos conllevaría «métodos de sacrificio inhumanos», amén del hecho de que «son animales sensibles y de comportamiento complejo» y que «experimentarían un alto nivel de estrés». La industria siempre ha negado estas aseveraciones y defendido el buen desempeño ambiental de sus proyectos. Hasta tal punto es resiliente e influyente la oposición a las granjas de pulpos que se ha colado en el Congreso de los Estados Unidos, a través de la denominada Ley Octopus (S. 1947). La iniciativa persigue no solo la prohibición del cultivo de esta especie en suelo norteamericano, sino su importación y reexportación con fines comerciales.

Ya hay Estados que tienen vetada la cría de pulpo en cautividad —Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Hawai, Carolina del Norte y Oregón—, pero esta norma tendría escala nacional e incluye ese aspecto comercial. Todavía está en una primera fase de los trámites legislativos y ha sido remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. Pese a las enormes diferencias políticos, este proyecto de ley fue promovido por el senador demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island) y la republicana Lisa Murkowski (Alaska). Establece sanciones de 100.000 dólares en caso de incumplimiento, «o por importe del valor de mercado del pulpo, lo que sea más elevado».

«Se prohíbe la importación a los Estados Unidos de pulpo cultivado para fines comerciales, incluidos especímenes, partes o derivados vivos o muertos, o cualquier producto que contenga especímenes, partes o derivados de dicho pulpo», refiere la Ley Octopus en su sección 4.1. Esta orden será ejecutada por la Secretaría de Comercio, en coordinación con la Secretaría del Interior y en consulta con el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza.

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