Galicia deja de ingresar hasta 3.000 millones de euros anuales por incumplimiento del IRPF

Galicia deja de ingresar cada año entre 1.217 y 2.945 millones de euros por el incumplimiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta es la estimación que se desprende del último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza la llamada brecha fiscal del IRPF en las comunidades de régimen común (no se incluyen ni País Vasco ni Navarra) entre 2003 y 2022.

La cifra gallega forma parte de un problema de alcance estatal: en el conjunto de España, Hacienda deja de recaudar entre 21.000 y 51.000 millones anuales, lo que equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB, debido a las rentas que no afloran en este impuesto. En 2022, esas rentas no declaradas ascendieron a casi 112.000 millones.

Sin embargo, hay que hacer una precisión para entender bien el alcance del dato gallego: no todo ese dinero es fraude fiscal en sentido estricto. El informe advierte de que la brecha fiscal es una estimación amplia del incumplimiento, que engloba situaciones muy distintas.

La brecha fiscal del IRPF se define como la diferencia entre la renta que realmente obtienen los hogares y la que finalmente se declara a Hacienda. Para calcularla, los autores del estudio, Jaime Vallés y Anabel Zárate (Universidad de Zaragoza), comparan los microdatos fiscales de declarantes y no declarantes con la renta real que aparece en la Contabilidad Regional de España.

Esa diferencia puede incluir fraude deliberado, pero también otros factores: errores en las declaraciones, retrasos en el pago, elusión fiscal dentro de la legalidad, o incluso desajustes estadísticos entre las distintas fuentes de información. Por eso, Fedea subraya que la brecha fiscal debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, no como una medición exacta del dinero defraudado.

Dicho de otro modo: no sería correcto afirmar que “los gallegos defraudan hasta 2.945 millones de euros”, sino que ese es el coste máximo que tendría para las arcas públicas el conjunto de incumplimientos en el IRPF en Galicia.

Galicia, en la media del mapa fiscal

El análisis territorial del informe muestra una mejora generalizada del cumplimiento fiscal en todas las comunidades a lo largo de las dos últimas décadas, y Galicia no es una excepción. Aunque el estudio no sitúa al territorio gallego entre los que más han mejorado —como Canarias o Baleares—, sí refleja una evolución positiva y una reducción de las diferencias regionales.

En términos relativos, el peso del incumplimiento en Galicia se sitúa en una franja intermedia dentro del mapa autonómico, en consonancia con su tamaño económico y demográfico. Comunidades con mayor actividad económica, como Cataluña, Madrid o Andalucía, concentran los mayores volúmenes absolutos de brecha fiscal. Galicia ocupa la quinta posición.

Dónde se concentra el problema

El informe de Fedea es claro en este punto: el grueso del incumplimiento no está en las rentas del trabajo. Los salarios y pensiones presentan niveles de cumplimiento cercanos o superiores al 90%, gracias al sistema de retenciones en origen que aplican las empresas y la Administración.

La mayor parte de la brecha fiscal se concentra en las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, donde el control es más complejo y la trazabilidad administrativa menor. Autónomos, alquileres y determinadas actividades empresariales explican buena parte de las rentas que no llegan a declararse por completo. Las rentas del capital mobiliario, como intereses o dividendos, tienen un peso menor.

Incluso tomando el escenario más conservador, el informe subraya que el impacto del incumplimiento fiscal es muy significativo. Tras descontar las actuaciones de control de la Agencia Tributaria —que permitieron recuperar cerca de 10.000 millones a nivel nacional en 2022—, el coste neto estatal sigue situándose entre 11.300 y 41.300 millones de euros.

Para Galicia, reducir parcialmente esa brecha supondría disponer de recursos equivalentes a algunas de las principales partidas de gasto autonómico (el presupuesto de la Xunta para este año es de 14.240 millones), lo que da una idea de la importancia económica y social del fenómeno. De ahí que los autores reclamen una medición periódica y oficial de la brecha fiscal, como ya hacen otros países, para orientar mejor las políticas de control y reforzar la equidad del sistema tributario.

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