El Constitucional suspende la imposición de la Xunta de repotenciar los parques eólicos
El tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno contra la medida, que considera «gravosa jurídica y económicamente»

Trabajos de repotenciación de un parque eólico en Galicia. | NATURGY
Julio Pérez
Entre las que cuentan ya con autorización y las que la tramitan, en Galicia hay ahora mismo 16 repotenciaciones de parques eólicos en marcha. Ahí están Naturgy, Iberdrola, Endesa, Acciona... incluso la propia Xunta, principal accionista del parque experimental de Sotavento. Se eliminarán alrededor de 500 aerogeneradores antiguos. La inmensa mayoría de los proyectos cuentan con financiación a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y todos estaban en cartera antes de que la Xunta decidiese hacer obligatoria la modernización tecnológica de aquellos que crucen los 25 años en funcionamiento. Fue tan polémica la medida, que el PP gallego la matizó por la vía de las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos del pasado año, donde se metieron las repotenciaciones forzadas.
Si la conexión a la red lo permite, los parques repotenciados podrán aumentar la potencia previa. El plazo de 25 años que la Consellería de Economía e Industria fijó como margen para cambiar la maquinaria subió hasta los 30, en caso de que ese sea el horizonte temporal establecido como vida útil en los proyectos presentados en su momento para lograr el visto bueno. Para garantizar que el cambio sea «económica y técnicamente viable», los populares incluyeron una revisión previa por parte de la administración autonómica de las cuentas de cada instalación y el coste de la renovación de los molinos. Si «las condiciones y valores ambientales» del emplazamiento «lo desaconsejan», no habrá que cumplir con «una reducción como mínimo a la cuarta parte» de los molinos existentes, como inicialmente se exigió. Nada de eso va adelante de momento. El Gobierno anunció en marzo del pasado año la apertura de una negociación previa a llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Se lo pedía insistentemente el sector. Tanto la patronal eólica nacional AEE como la gallega, EGA, pusieron el grito en el cielo por el intervencionismo de la Xunta. Los promotores estaban de acuerdo con la importancia de repotenciar, pero sin imposiciones. Viendo caso por caso y con apoyos públicos. El Ministerio de Política Territorial sostuvo desde el principio que la medida es «gravosa jurídica y económicamente».
El Pleno del Constitucional celebrado hoy admitió a trámite el recurso y acepta la petición del Gobierno central de suspender la vigencia de todos los preceptos impugnados desde la interposición del recurso el 30 de septiembre de 2025. ¿Cuáles son? Básicamente, la obligación de repotenciar y en qué condiciones, las facilidades de tramitación que la Xunta ofrecía a cambio de que los propietarios de los parques vendiesen al menos el 50% de la electricidad producida a menor coste a industrias locales y la postura de la administración autonómica de adelantarse a Transición Ecológica para trazar zonas de aceleración de nuevas instalaciones renovables.
¿Qué argumentos está dando el Gobierno? Imponer una repotenciación «reviste una naturaleza especialmente gravosa en términos jurídicos» y también económicos porque «podría afectar previsiblemente a gran parte» de los operadores del sector «a la vista de la elevada edad media del parque eólico gallego». «Podría implicar la aparición —añadió en su notificación a la Xunta de la mesa bilateral para buscar una cuerdo— de un importante factor de desestabilización en el sistema que no puede desconocerse o ignorarse». Conlleva «una variación sustancial del régimen de obligaciones» para las empresas, con el riesgo de «la revocación de la autorización», y «más concretamente, un endurecimiento de las mismas en función de la comunidad autónoma donde desarrolle su actividad». Los 18 meses que se establecieron para cambiar los aerogeneradores chocan con los hitos necesarios para mantener los permisos de conexión a la red; y ve un problema de «transparencia para los productores» y «discrecionalidad» en los condicionantes vinculados a la ley de beneficios económicos y sociales.
«Esta ley obligaba a eliminar 2.000 molinos», defendió la conselleira de Economía e Industria tras conocerse el dictamen del Constitucional. «Sánchez de momento ha conseguido que, mientras dura la tramitación del recurso y por tanto la suspensión de nuestra ley, que es automática, vamos a tener 2.000 aerogeneradores más y los gallegos pagaremos más por la luz», reprocha María Jesús Lorenzana, con críticas también al líder de los socialistas en Galicia, Xosé Ramón Gómez Besteiro. «De actriz invitada a esta serie de desgracias que está produciéndose en Galicia a costa del Partido Socialista puede llevar a la señora [Ana] Pontón —señaló, en referencia a la líder del BNG—. Ojalá me esté equivocando, pero antes va a apoyar que los gallegos paguemos más de luz y que haya más aerogeneradores que reconocer una buena idea del Gobierno gallego».
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