La inviabilidad económica cerca al 75% de la flota europea a largo plazo
Pavel Salz, expresidente de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros, alerta de las consecuencias del deterioro de caladeros, la regulación y la falta de marineros
Jorge Garnelo
El aumento de los costes operativos, el envejecimiento de los barcos y las limitaciones normativas que impiden mejorar la productividad del sector pesquero han dinamitado la capacidad de la flota europea a la hora de garantizar la soberanía alimentaria del bloque. A medida que el conjunto de los barcos pierde peso, el abastecimiento depende aún más de las importaciones. Y viceversa. Es una pescadilla que se muerde la cola, como así constata el estudio Economic situation and outlook of the EU fishing fleets (Situación económica y perspectivas de las flotas pesqueras de la UE) publicado por el investigador Pavel Salz, expresidente de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros (EAFE). Según advierte, «alrededor del 80% de la flota pesquera de la UE es económicamente insostenible a medio y largo plazo». Y la perspectiva es que el 75% de los buques desaparecerán en un horizonte de 20 a 30 años, a menos que se implementen políticas adecuadas para revertir esta tendencia negativa.
«Una amplia gama de factores externos, como la degradación y protección del medio ambiente, la pérdida de caladeros debido a la competencia por el espacio, la complejidad de las regulaciones, la presión del mercado, el envejecimiento de las tripulaciones y el escaso interés en la educación pesquera, contribuyen aún más a las malas perspectivas del sector», expone el autor, que alerta de la «desintegración» de la pesca europea y sus «evidentes» consecuencias. «La producción de alimentos marinos y su variedad disminuirán, y la dependencia de las importaciones aumentará aún más, casi con toda seguridad superando el 80% del consumo», vaticina.
Salz deja claro que la cadena de suministro se verá afectada proporcionalmente a la flota, teniendo en cuenta que el procesamiento y el comercio se centrarán cada vez más en proveedores no pertenecientes a la UE. «El patrimonio cultural de las comunidades costeras se convertirá en una reliquia, conservada por los historiadores de los museos locales», denuncia el experto, que realiza su proyección de pérdida de capacidad a partir del Registro Europeo de la Flota Pesquera.
Las inversiones en nuevas construcciones han disminuido drásticamente desde 2008, según expone la base de datos de la Comisión Europea. Entre 2015 y 2024 se incorporaron a la flota un promedio de 335 barcos al año y, de mantenerse esta situación, contemplando que los buques tengan una vida útil de 40 años, solo quedarán 13.000 en 2050. «Esto representa aproximadamente el 25% de la flota activa actual», evidencia el investigador.
El especialista también pone el foco en los últimos informes del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Stecf) sobre el rendimiento económico de la pesca comunitaria, que muestran que el 80% de los pesqueros generan un valor añadido bruto muy inferior al necesario para generar «un atractivo económico suficiente» y promover «una renovación regular» de las embarcaciones. Y es que solo unos 6.000 buques (el 15 % de la flota) mostraron una rentabilidad adecuada en 2022.
La alargada sombra de Marruecos y Chile para la conserva gallega y los bateeiros
El último informe encargado por el Comité de Pesca del Parlamento Europeo para evaluar el impacto de las importaciones de productos del mar en la autosuficiencia de la UE incluye varios casos de estudio a tener muy en cuenta; dos de ellos, relativos a la sardina marroquí y al mejillón chileno, estrechamente vinculados a Galicia. Las importaciones de ambas especies amenazan cada vez más a la producción propia del sector del mar, apoyándose en los bajos costes de los países que las explotan y exportan, en grandes volúmenes, a costa de una creciente dependencia y riesgos para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. ¿Pero qué es lo que se juegan la industria conservera y los bateeiros y por qué motivos? El caso de la sardina de Marruecos ha saltado a la palestra este mes de enero por el veto de las exportaciones anunciado por Rabat a partir del 1 de febrero. Lo que prohibirá el país africano es el envío del pelágico en bruto, materia prima congelada vital para las plantas procesadoras gallegas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de su propia industria tras la caída de descargas que ha experimentado y poder seguir exportando enlatados, blindando así su cadena de valor. Esto compromete por un lado a la industria nacional, que previsiblemente contará con menos producto para elaborar, y también a nivel comercial, puesto que la conserva de Marruecos seguirá entrando y lo hará a un precio más competitivo o con mejores márgenes. No en vano, los costes que soporta su flota son menores. El precio del diésel está a 1,2 euros en los puertos marroquíes y a entre 1,6 y 1,9 euros en el top 5 de países europeos, según el informe. Ocurre lo mismo con la electricidad —esencial para las conserveras y sus procesos de cocción, enlatado o refrigeración—, costando 0,09 euros/kWh en Marruecos, mientras España se sitúa entre 0,12 y 0,23 euros/kWh. La UE ha construido una dependencia industrial y de consumo de sardina marroquí que ahora repercute en un recurso cada vez más tensionado, como así evidencia el desplome de los desembarques del pelágico en la costa africana y el riesgo a una posible ruptura de stock. En el caso del mejillón chileno, por su parte, la autosuficiencia europea ha pasado del 80% en 2019 al 70% en 2023. La producción del país sudamericano se ha multiplicado por 17 desde el 2000 y lo ha hecho al calor de la merma de molusco que ha sufrido el sector bateeiro gallego. Y sí, también con menores costes: entre 0,74 y 1,18 euros/kilo en Galicia frente a los 0,69 euros/kilo de Chile. Si bien el bivalvo chileno no tiene nada que hacer con el mejillón natural —lo que exporta es congelado, preparado o transformado—, lo cierto es que está ganando cada vez más cuota en las fábricas de la comunidad, donde compite con el local. En un momento de producto autóctono a la baja por el impacto del cambio climático y factores ambientales adversos, esto permite sacar la actividad adelante y tiene poco o ningún efecto en los precios. Pero si la producción gallega vuelve a niveles altos y el alza de las importaciones se mantiene, solo queda confiar en un aumento igual de proporcional en el consumo para evitar que los precios caigan.
El 86% del pescado consumido en la UE procede de terceros países
Aunque las estadísticas oficiales sitúan la autosuficiencia comunitaria en torno al 38%, un estudio encargado por el Comité de Pesca del Parlamento Europeo a la consultora Poseidon evidencia que esta cifra está maquillada y oculta la realidad del abastecimiento efectivo, que arroja una cuota bastante inferior. La producción interna apenas cubre el 14,2% de la demanda real en la Unión Europea, teniendo en cuenta que una parte muy importante de las capturas de los barcos de los Estados miembros se exporta y por lo tanto no se comercializa dentro de las fronteras del bloque. Dicho de otro modo, el 85,8% de los productos del mar que consumen los Veintisiete procede del exterior. Casi todo el salmón, cerca del 70% del atún, cuatro de cada cinco pescados blancos como el bacalao, la merluza o el abadejo, y prácticamente el 90% de las gambas y langostinos. Para garantizar el suministro, la política comercial comunitaria ha favorecido la entrada de materia prima extranjera mediante acuerdos de libre comercio y contingentes arancelarios (cerca de la mitad de las importaciones), priorizando el abastecimiento y la estabilidad de precios. Pero esto no ha ido acompañado de una estrategia equivalente para reforzar la capacidad de la flota europea, lo que ha consolidado un escenario difícil de revertir. Esta situación es especialmente acusada en las especies más consumidas en la UE.
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