La Policía registra la planta de Sidenor, investigada por la venta de acero a Israel

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo Policial y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó el pasado mes de noviembre a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y desde finales de enero de Talgo, además de a dos directivos de la acerera vasca. Estas actuaciones se enmarcan en la causa en la que se investiga a Sidenor por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Según afirmó el magistrado el pasado mes de octubre, cuando levantó el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Además, defendieron que cuando se realizaron las ventas de acero al fabricante de armas Israel Military Industries (IMSI) no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con el país, según la nota de la compañía, que refiere haber aportado "pruebas" al respecto.

Por su parte, la cúpula directiva de Sidenor declaró en noviembre ante la Audiencia Nacional que no cometió irregularidades en la venta de acero a Israel y que las entregas se cancelaron en el mes de julio "casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo". 

Dicho tribunal se encuentra investigando si los tres implicados incurrieron en varios delitos: contrabando, participación por complicidad o delitos de lesa humanidad, precisamente por suministrar partidas de acero a la compañía israelí, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

(Habrá Ampliación)

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