El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y de los carburantes

El Gobierno trabaja para "instaurar controles de precios" en la cesta de la compra y en el precio de los carburantes y "garantizar el acceso a la vivienda" ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio, según ha confirmado este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que están estudiando "escenarios y posibles medidas" para mitigar, "si fuera necesario", el impacto económico del conflicto sobre "hogares, trabajadores, empresas y autónomos".

En una declaración institucional a primera hora de la mañana, el presidente ha subrayado que "gracias al dinamismo de la economía española y a la responsabilidad de su política fiscal", España "cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también a esta crisis", informa May Mariño. "Tenemos la capacidad y la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética y, recientemente, la crisis arancelaria", ha dicho Sánchez.

Desde el sábado, todas las miradas están puestas en los precios de la energía, debido a la situación estratégica del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y una quinta parte de los barcos que transportan gas. Sobre todo después de la experiencia de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia derivó en una crisis energética global con consecuencias sobre todos los sectores de la economía.

De momento, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ronda los 80 euros, cuando en abril de 2022 se situaba por encima de los 100 euros. En el caso del precio del gas (el TTF holandés), la cotización se ha casi duplicado desde el viernes hasta alcanzar los 54 euros por megavatio-hora (MWh), pero todavía se encuentra muy lejos de los más de 100 euros de abril de 2022.

Reunión con los agentes sociales

El Gobierno se encuentra en fase de análisis de la situación, haciendo un seguimiento sobre la evolución de los precios de la electricidad y de los combustibles, así como sus efectos indirectos, sobre el transporte y los precios de los alimentos. Y, al mismo tiempo, se mantiene en contacto con los principales sectores afectados para decidir si es necesario implementar medidas y definir cuáles serían las más adecuadas para evitar un efecto negativo del conflicto de Oriente Medio sobre la economía española, según explican fuentes del ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Algunos sectores económicos han salido ya a públicamente a pedir acciones preventivas. Es el caso de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha reclamado al Ejecutivo aplicar "de inmediato la cláusula de indexación del precio del combustible establecida en el RD 3/2022 para garantizar la compensación del impacto del aumento del gasóleo en las empresas del sector". O la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que ha trasladado su "preocupación" por la situación y ha pedido "diálogo" entre los gobiernos de España y Estados Unidos para evitar una degradación de sus relaciones comerciales, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con romper el comercio con España debido a que el Gobierno español anunció que no permitirá que Washington utilice las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán.

En este contexto, el Ejecutivo se reunirá con los agentes sociales para que realicen su contribución al diseño del futuro plan de acción. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado este jueves a los líderes de los sindicatos CC.OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Ángela de Miguel; mientras que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hará lo propio en diversas reuniones convocadas para la próxima semana, según fuentes de su departamento. La referencia de partida será el escudo social de 2022, que puso en marcha medidas energéticas, como los descuentos a los carburantes, y rebajas en el IVA de algunos alimentos, como establecer un 0% en los de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y un 5% para el aceite y la pasta, entre otras.

La clave temporal

En todo caso, la clave está en cuánto durará la escalada militar y si provoca una subida sostenida de los precios de las materias primas que impacte sobre los consumidores. Es decir, sobre el precio de los carburantes, la electricidad y los alimentos. Pero, de momento, todavía es pronto para saberlo, según el Gobierno. "Apenas han pasado dos días, hay que ver cómo se están trasladando y cuánto tiempo se mantienen estos precios elevados", ha afirmado este miércoles el ministro Cuerpo.

La teoría dice que el impacto de una subida del petróleo sobre los carburantes sería más pronto que tarde. Es lo que se conoce como "efecto cohete y efecto pluma", tildado así por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para explicar que el contagio del precio del crudo sobre los carburantes es muy rápido cuando se trata de subidas y muy lento cuando se trata de bajadas. Pero no es inmediato, si se tiene en cuenta que en la guerra de Ucrania el incremento llegó a las estaciones de servicio diez días después de la invasión, tras una escalada continuada del precio del barril, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Por otra parte, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, si bien tiene puntas horarias de 150 euros por megavatio-hora (MWh), ronda actualmente los 50 euros de media. Y hace cuatro años sobrevolaba los 200 euros de media. Además, su impacto sobre la factura de la luz es inferior al de entonces, cuando la tarifa regulada (PVPC) estaba vinculada completamente al precio de la electricidad en el mercado diario. Sin embargo, desde este año el peso de este mercado se reduce al 45%, mientras que el 55% restante corresponde a una cesta de productos a plazo, lo que suavizaría un potencial incremento de los precios sobre el recibo de la luz.

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