Del teletrabajo si falta gasolina a 'prohibir' el despido: las posibles respuestas de Trabajo ante la crisis de Irán

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha establecido una comisión de seguimiento con patronales y sindicatos para estudiar los posibles efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo y así poder introducir posibles medidas para minimizar daños en las empresas y el empleo. Díaz ha exhibido el abanico de instrumentos desplegados durante el último lustro para responder a crisis diversas como la del covid, la guerra de Ucrania o la DANA; entre otros. Teletrabajo prioritario en caso de cortes de suministros, vetar los despidos para las empresas que reciban ayudas públicas, bonificar créditos, aplazar pagos, ampliar el bono eléctrico o los ertes son algunos de los mecanismos que tiene el diálogo social encima de la mesa.

"Absoluta tranquilidad", es el mensaje que ha querido mandar la vicepresidenta segunda tras reunirse este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Desde el Ministerio de Trabajo ponen la máxima alerta en la crisis de Irán, pero todavía no adoptan medida alguna. Las afectaciones se dan por seguras, pero la magnitud y alcance de las mismas todavía son desconocidas y es por ello que de la reunión de este martes no han salido propuestas concretas. "Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz en una rueda de prensa posterior.

"El objetivo es que los trabajadores y las familias españolas no paguen las consecuencias de las guerras de otros", es la máxima incluida en el primer diagnóstico remitido a los agentes sociales. El encarecimiento súbito de los precios de la energía anticipa un aumento de costes generalizado en la economía española, si bien la incógnita de cuánto durará el conflicto prolonga la duda de cuánto y durante cuánto tiempo subirán esos precios. El Gobierno tiene encima de la mesa el control de precios energéticos -es una de las herramientas aplicadas en anteriores crisis-, pero todavía no ha trascendido si se acabará materializando -ni cómo-.

Memoria fiscal

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado ampliar esa comisión de seguimiento "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Los sindicatos han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos". La patronal, por su parte, ha declinado realizar declaraciones al respecto. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

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