Aagesen sortea el cruce de informes pro y antinucleares sobre ampliar Almaraz: “El Gobierno hará su propia evaluación y tomará su decisión”

El parque de centrales nucleares españolas vive un momento clave, con Almaraz como punta de lanza. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central cacereña, han solicitado formalmente al Gobierno aplazar su cierre y ampliar su funcionamiento hasta junio de 2030, frente a la clausura prevista de sus dos reactores en 2027 y 2028.

“Este Gobierno ha sido claro y consistente desde el primer momento sobre Almaraz y sobre el parque nuclear en general. Nuestra hoja de ruta siempre ha estado muy clara, y es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se basa, entre otras muchas componentes, en el acuerdo de las empresas sobre un calendario de cierre”, explica la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Hace un lustro, las grandes eléctricas pactaron entre sí y con el Gobierno un calendario de clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035

El Ejecutivo ha advertido a las grandes eléctricas de que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el Consejo de Seguridad Nuclear, que lo tiene ahora en estudio en el caso de Almaraz); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.

Las eléctricas han renunciado, al menos de momento, a reclamar una rebaja de impuestos como condición previa para ampliar la vida de Almaraz para allanar el ‘sí’. “No han pedido ninguna rebaja fiscal y esto era una línea roja, por supuesto que sí”, apunta Aagesen, pero sin aclarar si da efectivamente por cumplida esa condición económica previa planteada por el Ejecutivo.

En los últimos meses se ha abierto una guerra de informes desde posiciones ‘pronucleares’ y ‘antinucleares’ que llegan a conclusiones contrarias sobre si la eventual ampliación de la central Almaraz supondrá a la larga una rebaja del precio de la electricidad o si, en cambio, provocará un encarecimiento por frenar el despliegue de las renovables.

“Valoro muy positivamente la existencia de informes académicos, a alguno de ellos dice básicamente lo contrario que dicen otros informes sobre el cierre o no de Almaraz. Pero eso no conlleva la decisión que vayamos a tomar desde el Gobierno”, apunta la vicepresidenta. “Cuando veamos qué dice el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, haremos nuestra propia evaluación y tomaremos nuestra decisión como Gobierno, en línea con nuestras premisas, que son totalmente coherentes y consistentes a lo largo del tiempo”.

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