El Gobierno habilita 450 oficinas para tramitar la regularización de más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio

El Gobierno ha dado luz verde este martes al proceso de regularización extraordinaria de migrantes mediante el que espera conceder permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de personas. La Administración habilitará un total de 450 oficinas, principalmente sucursales de Correos, aunque también delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social u oficinas de extranjería, para tramitar el aluvión de solicitudes que espera desde el próximo jueves 16 de abril y hasta el 30 de junio. La Seguridad Social incorporará a 550 profesionales de refuerzo, a través de la empresa pública Tragasa, para gestionar un dispositivo del que dudan los propios empleados de extranjería. Hasta el punto de que el sindicato CCOO ha convocado una huelga en las oficinas de extranjería a partir del lunes que viene, 20 de abril, para denunciar la falta de dotación de personal.

“Estamos ante uno de los grandes hitos de la legislatura", ha manifestado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Administración se prepara para aflorar a al menos medio millón de personas nacidas en el extranjero y que llevan como mínimo unos meses -algunos incluso años- en la economía informal. Algunas casas de estudios, como Funcas, calculan que el volumen de beneficiados puede rozar el millón y oenegés como Ciudadanía Global apuntan a unas 750.000 personas, lo que colocaría el actual proceso como la más grande regularización de migrantes de la historia reciente.

El proceso podría suponer entre 500.000 y un millón de solicitudes, de las cuales entre un 10% y un 20% se tramitarán de forma presencial, siendo Correos el principal canal; según les ha trasladado la dirección de la empresa pública postal a los sindicatos en una reunión mantenida este mismo martes.

Han habido, sin contar esta, un total de seis, como referente más reciente está la que impulso José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y de la que se beneficiaron un total de 576.506 personas, según cifras divulgadas este mismo martes desde el Gobierno. Entre las impulsadas por Felipe González, José María Aznar y Zapatero se han regularizado 1,3 millones de migrantes, cifra que podría superar los dos millones una vez finalice la de Pedro Sánchez. "Ya lo hicieron otros antes que nosotros" y "se han logrado beneficios en el empleo, en responsabilidad fiscal y en convivencia", ha enfatizado la ministra portavoz.

El flujo de solicitudes dará comienzo de forma telemática a partir del jueves 16 de abril y el Gobierno ha enfocado el proceso a premiar los cauces digitales, que estarán abiertos en todo momento hasta el 30 de junio. Por la vía presencial, habrán un total de 450 oficinas disponibles, garantizando ubicaciones físicas en todas las capitales de provincia y ciudades de al menos 50.000 habitantes. Para la atención en oficina será obligatoria la cita previa y quien no la tenga no será atendido, según ha destacado la ministra. Las citas podrán empezar a pedirse a partir del 16 de abril por teléfono (060) -en horario de atención de lunes a viernes, de 09:30 horas a 14:00 horas y desde las 16:30 horas hasta las 19:30 horas- o por la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se comenzarán a expedir a partir del 20 de abril.

Huelga en las oficinas de extranjería

El sindicato CCOO se ha lanzado a una huelga indefinida en solitario a partir del próximo lunes 20 de abril en las oficinas de extranjería para protestar contra la falta de personal. Durante los últimos años ha habido distintas protestas de distintas centrales para denunciar esta carestía de plantillas, si bien esta protesta la convoca unicamente CCOO. La protesta puede condicionar el arranque del proceso, pero el hecho de que sea principalmente en las oficinas de la Seguridad Social y en Correos donde se gestionará el grueso de solicitudes diluye el riesgo inicial de incidencias.

"El proceso administrativo tendrá un alto impacto y afectación al servicio público en sus distintas fases y requiere ser abordado de manera adecuada, con planteamientos necesarios de dotación de recursos humanos y materiales. Es necesario mejorar la actuación de la Administración General del Estado con suficientes medios, como clave de una gestión eficiente y coherente con la defensa del empleo público", ha manifestado la central.

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