La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria

HATTA Energy eleva el tono en su enfrentamiento con la Agencia Tributaria y anuncia que presentará de forma inminente una querella criminal contra cinco altos funcionarios, cuatro de la delegación de la AEAT en Galicia y una jefa de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), con sede en Madrid. La compañía, con sede en Oleiros, acusa a estos responsables de mantener bloqueado el expediente para obtener la condición de operador confiable, una situación que, según sostiene, le está causando un grave perjuicio patrimonial y la coloca en un limbo administrativo.

La empresa, cuarta operadora española de hidrocarburos, vincula este retraso con un impacto directo sobre la libre competencia y sobre el precio final que pagan los consumidores en las gasolineras. HATTA asegura que su papel es clave en el suministro a las estaciones de servicio independientes, que representan más del 40 % del mercado nacional, y recuerda que la CNMC la incluyó el pasado diciembre entre los cinco principales operadores del sector en España.

El conflicto gira en torno a la concesión de la figura de operador confiable, en vigor desde enero y sujeta, según la compañía, al cumplimiento de cuatro condiciones. HATTA defiende que cumple todos los requisitos, pero denuncia una dilación “premeditada” por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Esa falta de resolución obliga a la compañía, según explica, a adelantar el 110 % del IVA en cada operación, con el consiguiente impacto financiero sobre su actividad diaria.

Un expediente sin resolver desde abril

La empresa sostiene en un comunicado que la AEAT en Galicia disponía de un plazo máximo de tres meses para dictar resolución, un periodo que expiró el pasado 6 de abril sin que se haya producido una respuesta expresa. A partir de ese silencio administrativo, HATTA habla de una actuación “dolosa, premeditada y prevaricadora” y considera que se dan las condiciones para acudir a la vía penal.

La querella que prepara la operadora complementará una denuncia presentada el 18 de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, que, según la empresa, ya ha sido ampliada en dos ocasiones con nueva documentación. HATTA mantiene que los hechos no responden a una demora ordinaria, sino a una estrategia de “persecución selectiva, reiterada e injustificada” contra la compañía.

Entre los querellados figurarían el delegado especial de la AEAT en Galicia, el jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial gallega, una inspectora, un técnico de Inspección y una jefa de área de la ONIF en Madrid. La empresa atribuye a este grupo la existencia de una presunta “trama de corrupción” orientada, siempre según su versión, a dificultar su operativa y dañar su posición en el mercado.

HATTA afirma que esta actuación estaría dirigida a “estrangular” su actividad diaria, deteriorar su reputación y favorecer una mayor concentración en el mercado de los combustibles. La compañía sostiene que la falta de resolución del expediente no solo afecta a su tesorería, sino que también crea un obstáculo para la competencia en un sector especialmente sensible para los consumidores.

La querella solicitará que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, retardo malicioso en la Administración, denegación de auxilio, vulneración de derechos fundamentales y coacciones. La operadora considera que las actuaciones descritas tendrían como finalidad expulsarla del mercado español de distribución de hidrocarburos.

HATTA Energy cerró 2025 con una facturación de 3.500 millones de euros y asegura estar cerca de convertirse en el tercer mayor distribuidor mayorista de carburantes en España. La compañía defiende que su actividad resulta determinante para el suministro de gasolineras independientes y para la moderación de los precios en un mercado marcado por la competencia entre grandes operadores y redes alternativas.