La construcción anticipa más crisis como la de Oresa por el alza de precios y grandes empresas renuncian ya a hacer viviendas

Concello de Touro, contrato de obras para la «renovación de las instalaciones de la piscina municipal y construcción de un nuevo vaso infantil», licitado por la vía de urgencia con un presupuesto máximo de 273.460,98 euros. «No procede una revisión de precios». Consellería de Educación, contrato para la sustitución de cubiertas de los colegios CEIP Coutada-Beade, en Vigo, y Mestre Pastor Barral, en Melide; 640.502,34 euros de presupuesto. «No procede ninguna revisión de precios».

Son dos de los concursos públicos anunciados en los últimos días en Galicia y que constatan, salvo excepciones, que la Administración está siguiendo a rajatabla los preceptos de una ley de 2015, la de desindexación de la economía española, que prácticamente prohíbe corregir al alza los presupuestos de los proyectos aunque crezca la inflación. «Aquellas empresas que no tengan bien la tesorería o no la gestionen con cautela van a tener un problema serio. Se está poniendo todo patas arriba», dice el gerente de una empresa gallega de materiales de construcción, canalizaciones y conducción de electricidad. El escenario que describen en el sector es el siguiente, de una «tormenta perfecta»: los precios son justos, la rentabilidad muy escasa —en torno al 2%— y son muchas las empresas que están entregando obras a pérdida. «El precio con el que ganaste un concurso público en enero no te vale ahora, porque se han disparado los materiales plásticos o el aglomerado», cuyo componente principal es el betún, derivado del petróleo.

Y así es que han saltado cracs como el de Oresa —es insolvente y ha dejado a medias obras en Vigo, Pontevedra, Marín o Moaña— y hay compañías de referencia en el sector que han decidido prescindir de un mercado capital, el de la vivienda privada, al menos de momento. «En los contratos públicos aún hay alguna posibilidad de poder negociar al alza, pero en el sector privado es imposible. Nosotros hemos dejado de coger vivienda», dice el presidente de una de las principales constructoras de Galicia. «Los precios no cuadran por ningún lado». Hábitat Inmobiliaria, sin ir más lejos, ha renunciado a poner en marcha una promoción de 52 viviendas en Vigo que había diseñado en 2022.

«Si firmas una promoción de 100 pisos hoy, hasta dentro de un año o año y medio no pago las ventanas y no las instalo hasta dentro de dos. ¿Cuánto habrá subido entonces el aluminio? No se puede, y a eso súmale que encuentres una empresa con personal suficiente para que las instale». A juicio de los empresarios consultados, situaciones como la de Oresa se van a multiplicar porque «se han tapado las pérdidas de unas obras cogiendo otras gracias a los fondos europeos, pero los fondos se acaban ya» y no habrá más madera que echar a la hoguera.

En el caso de los contratos públicos, y por lo general, solo los proyectos con al menos un año de periodo de ejecución recogen la posibilidad de revisión de precios. Así está previsto, por ejemplo, para el contrato de 50 viviendas que la Xunta promueve en Navia, con 10,7 millones de presupuesto. «La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se ejecutase por lo menos en el 20% de su importe y transcurriese un año desde su formalización», versan los pliegos.

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