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La Xunta activará las polémicas minas de Corcoesto y San Finx en su nuevo plan valorado en 7.000 millones

La conselleira de Economía calcula una inversión directa de unos 200 millones, junto con la generación potencial de hasta 250 empleos directos y 750 indirectos

Entrada a la mina de Corcoesto.

Entrada a la mina de Corcoesto. / L. O.

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

La Xunta prevé reactivar la actividad extractiva en explotaciones mineras caducadas mediante un nuevo concurso de derechos mineros en Galicia que incluirá proyectos en la provincia de A Coruña como los polémicos de Corcoesto y San Finx.

El anuncio, realizado en el Parlamento por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se enmarca en una estrategia que pretende aprovechar el potencial de la comunidad en materias primas consideradas críticas por la Unión Europea, en un contexto de creciente demanda industrial.

La convocatoria contempla más de cien derechos mineros en las cuatro provincias gallegas y combina materias primas tradicionales, como caolín, cuarzo o granito, con otras de mayor valor estratégico como litio, tantalio o cobre.

En el caso coruñés, la Xunta prevé sacar a concurso la explotación de oro en Corcoesto, en los municipios de Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco, así como la de wolframio y estaño en San Finx, en Lousame, y la de wolframio en Santa Comba.

7.000 millones de valor y 250 empleos directos

El Ejecutivo autonómico sitúa el valor de estos recursos en torno a los 7.000 millones de euros y calcula una inversión directa de unos 200 millones, junto con la generación potencial de hasta 250 empleos directos y 750 indirectos.

La recuperación de Corcoesto y San Finx reabre dos de los conflictos ambientales más relevantes de Galicia en las últimas décadas. En Corcoesto, el proyecto de mina de oro a cielo abierto promovido por la canadiense Edgewater fue paralizado en 2013 por la Xunta tras no acreditar la solvencia técnica y financiera exigida.

La iniciativa había suscitado una intensa oposición social por los posibles riesgos para el río Anllóns y para actividades económicas tradicionales de la comarca, como la agricultura, la ganadería o la pesca.

En San Finx, la controversia se ha centrado en la gestión de vertidos asociados a la histórica explotación de estaño y wolframio. Las denuncias por la presencia de aguas ácidas con metales pesados, como cadmio, cobre o zinc, derivaron en sanciones administrativas, la revocación de autorizaciones de vertido y la suspensión cautelar de la actividad mientras se revisaban sus condiciones ambientales. El impacto potencial sobre la ría de Muros-Noia y su actividad marisquera ha sido uno de los principales focos de preocupación.

Empresas solventes

Lorenzana defendió que el nuevo proceso permitirá “atraer operadores con solvencia técnica y financiera, orientados a retornos en el medio y el largo plazo” y enmarcó la iniciativa en un modelo “ordenado” y “basado en la planificación”, con proyectos que incorporarán planes sociales vinculados al territorio como condición para su adjudicación.

La conselleira subrayó que Galicia “no puede quedar al margen” del desarrollo de materias primas críticas, puesto que alberga 18 de los 24 materiales declarados "críticos" por la Unión Europea, y advirtió de que “renunciar a desarrollar los recursos propios implica depender de otros territorios”, en un contexto de competencia internacional por estos materiales.

No obstante, apuntó, la viabilidad de las futuras explotaciones quedará condicionada a su capacidad para cumplir las exigencias ambientales y sociales, sobre todo en enclaves marcados por antecedentes de conflictividad.

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