Crece la judicialización de los conflictos laborales: las denuncias por despidos en A Coruña aumentan un 15% tras la pandemia

Más de 220 trabajadores acudieron cada mes el pasado año a los juzgados de lo social de A Coruña para denunciar sus despidos. La provincia cerró 2025 con 2.646 demandas presentadas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone un incremento del 15,7% respecto a 2021, todavía marcado por los efectos de la pandemia.

La cifra convierte además a A Coruña en la decimocuarta provincia española con más litigios laborales por despido.

La evolución refleja una tendencia sostenida al alza tras el paréntesis provocado por el covid. En 2021 se registraron 2.287 demandas de despido. Un año después descendieron ligeramente hasta las 2.199, aún condicionadas por las medidas extraordinarias aprobadas durante la recuperación económica.

A partir de ahí comenzó una escalada prácticamente constante: 2.407 en 2023, 2.563 en 2024 y las 2.646 del pasado ejercicio.

Creciente judicialización

Los datos muestran que el mercado laboral coruñés mantiene una creciente judicialización de los conflictos laborales. La recuperación del empleo tras la pandemia vino acompañada de una fuerte expansión de la contratación, aunque también de una mayor movilidad entre empresas y de un incremento de las extinciones de contratos que terminan ante los tribunales.

El aumento de las demandas por despido coincide además con otro indicador relevante: las reclamaciones de cantidad.

Los juzgados de lo social de A Coruña recibieron el pasado año 3.746 demandas vinculadas a salarios pendientes, discrepancias retributivas, incumplimientos de obligaciones laborales o conflictos relacionados con la Seguridad Social. Se trata de la novena cifra más alta de todas las provincias españolas.

Aunque este tipo de procedimientos suelen pasar más desapercibidos que los despidos, ofrecen una radiografía muy precisa del clima laboral. Las reclamaciones de cantidad incluyen desde nóminas impagadas hasta diferencias salariales, sanciones disciplinarias o recargos por incumplimientos en materia de seguridad e higiene laboral.

Irregular

La evolución de estas demandas durante el último lustro muestra un comportamiento más irregular que en los despidos. En 2021 se contabilizaron 3.527 reclamaciones de cantidad. En 2022 bajaron hasta las 3.160, pero en 2023 dieron un fuerte salto hasta las 4.015, el máximo de toda la serie. En 2024 volvieron a descender a 3.548 y en 2025 repuntaron de nuevo hasta las 3.746.

Esa diferencia entre ambas curvas refleja que no toda la conflictividad laboral responde exclusivamente a la pérdida del empleo. Una parte creciente de los procedimientos judiciales está relacionada con discrepancias salariales o con reclamaciones económicas derivadas de las condiciones laborales.

Con una inflación elevada durante buena parte de los últimos años, muchos trabajadores han recurrido a la vía judicial para reclamar cantidades pendientes o compensaciones que consideran incorrectas.

Los datos del CGPJ reflejan además cómo el impacto de la pandemia dejó una huella más duradera en el ámbito laboral de lo que inicialmente parecía. Aunque el empleo logró recuperarse con rapidez tras el desplome de 2020, la conflictividad judicial no ha regresado a los niveles previos. Al contrario. Tanto las denuncias por despido como las reclamaciones económicas muestran que las relaciones laborales atraviesan una etapa de mayor fricción y de creciente recurso a los tribunales para resolver conflictos entre empresas y trabajadores.

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