El dinero público sostiene a casi un millón de gallegos entre pensionistas, funcionarios y parados
Cerca de 700.000 jubilados, 204.000 empleados públicos y 80.000 desempleados con prestación superan en número a los trabajadores del sector privado

Dos jubilados, en un parque. / David Zorrakino

Galicia vive apoyada sobre una estructura económica en la que el dinero público sostiene a una parte creciente de la población. Las cifras más recientes dibujan una comunidad en la que 699.316 pensionistas, 204.500 empleados públicos y 80.716 desempleados con prestación dependen de ingresos procedentes de las administraciones. En total, más de 984.000 gallegos reciben cada mes una nómina, una pensión o una ayuda financiada desde las arcas públicas.
La dimensión del fenómeno se aprecia al compararlo con el empleo privado. Galicia cuenta con 753.900 asalariados en empresas privadas, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026.
El bloque formado por pensionistas, funcionarios y parados con cobertura supera esa cifra y roza el millón de personas en una comunidad con 2,7 millones de habitantes.
El peso de las pensiones explica buena parte de esa realidad. Galicia suma casi 700.000 pensionistas en una población marcada por el envejecimiento y por una natalidad débil desde hace décadas.
Casi la mitad de la población adulta
La cifra equivale a una cuarta parte de todos los habitantes de la comunidad. El dato adquiere otra dimensión al descontar a los menores de 19 años, que son algo más de 414.000. La población adulta gallega queda reducida a algo más de 2,3 millones de personas y una parte sustancial de ella, casi la mitad, vive gracias a ingresos públicos.
La radiografía también refleja la importancia del empleo público en Galicia. Los 204.500 trabajadores de las administraciones representan uno de los grandes pilares del mercado laboral gallego. Sanidad, educación y servicios sociales concentran buena parte de ese empleo en una comunidad que necesita cada vez más recursos ligados al cuidado y a la atención de una población envejecida.
Las prestaciones por desempleo completan el mapa. En abril, últimas cifras oficiales, 80.716 gallegos cobraban algún tipo de ayuda tras perder su trabajo. La cifra queda lejos de las grandes bolsas de paro de otras etapas, pero mantiene a decenas de miles de hogares vinculados al gasto público.
Más que los trabajadores públicos
La fotografía deja una imagen singular de la economía gallega. Frente a 753.900 asalariados del sector privado aparecen casi un millón de personas cuyos ingresos dependen del Estado. La escena revela el peso que adquieren las rentas públicas en una comunidad donde las pensiones marcan el pulso económico de muchas comarcas y donde el empleo público actúa como uno de los grandes estabilizadores sociales.
En muchos municipios del interior, las pensiones sostienen el consumo cotidiano, mantienen abiertos pequeños negocios y permiten sobrevivir a familias enteras. En las ciudades, el empleo público aporta estabilidad en sectores menos expuestos a las oscilaciones económicas.
Esa combinación convierte al dinero procedente de las administraciones en una de las grandes columnas de la economía gallega. También muestra hasta qué punto la evolución demográfica condiciona el futuro de la comunidad y estrecha el margen para ampliar la base de trabajadores en el sector privado a medio plazo.
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