Obras públicas sin adjudicar en Galicia: la patronal de la construcción achaca el problema a pliegos con precios desfasados

Detrás de cada trayecto por una carretera con el firme destrozado, de cada plaza del pueblo cercada durante meses sin que aparezcan las hormigoneras y de cada acera pendiente de ampliar, están los pliegos que rigen la licitación de una obra pública. El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, el coruñés Diego Vázquez Reino, desmonta uno de los argumentos que todavía repiten algunos alcaldes: las calles sin asfaltar y las aceras sin ejecutar no son consecuencia de la falta de mano de obra ni de la incapacidad técnica de las empresas. El problema es matemático.

«Las obras desiertas en Galicia no son por falta de capacidad de las empresas ni porque falten trabajadores. Aquellas obras que tienen precio tienen licitadores. La poca concurrencia es por una cuestión puramente económica», apunta el presidente de la patronal de la construcción.

Para explicar el volumen de las licitaciones que quedan vacías, la patronal señala tres factores que han cambiado las reglas del juego.

El fin de las «bajas temerarias»

En Galicia operan unas 8.400 empresas de construcción —incluidos los autónomos—, que sostienen el 11 % del tejido empresarial y el 9 % del PIB regional. Sin embargo, las compañías ya no compiten rebajando precios a cualquier costa para adjudicarse los contratos.

Hoy existe «un compromiso laboral y de pago a proveedores muy equilibrado», apunta. La consigna actual es la supervivencia y la salud financiera del negocio: «Lo que tienen que hacer las empresas es buscar la sostenibilidad; no se puede ir a riesgo. Las obras tienen que tener un precio ajustado», advierte el presidente de la Federación Gallega de la Construcción. Ante un presupuesto insuficiente, prefieren dejar la licitación vacía antes que asumir pérdidas.

Los concellos, reacios al reequilibrio

La patronal sitúa parte del problema en los contratos municipales. Mientras la Xunta o la Administración central disponen de más margen para actualizar los presupuestos, los concellos son más “reacios” a revisar los precios.

Pliegos calculados con costes de hace varios años, plazos de ejecución ajustados y una burocracia compleja hacen que muchas pequeñas obras de pavimentación o reforma nazcan sin atractivo para las empresas.

«Los ayuntamientos se van dando cuenta de que ese no es el camino. La Administración debe optimizar los recursos, pero no a costa de las empresas», señala Vázquez Reino.

La revisión de precios

La principal reclamación del sector es recuperar la revisión ordinaria de precios, un mecanismo que permitía adaptar los contratos a la evolución de los costes y que fue limitado con la denominada Ley Montoro.

Vázquez Reino recuerda que el sistema funcionaba en ambas direcciones: si los precios bajaban, las empresas también debían devolver dinero. A su juicio, esta fórmula permitiría ajustar las licitaciones a la volatilidad del gasóleo, el cemento o el granito y reduciría el riesgo de que quedasen desiertas.

A pesar de las 88 obras que quedaron sin adjudicar en Galicia el año pasado, su importe representa apenas el 1,17 % del total licitado en Galicia. La cifra está lejos de las tasas cercanas al 20% registradas en otras comunidades vecinas.

Aunque el porcentaje en Galicia es reducido, sus efectos se ven en el día a día: carreteras sin reparar, plazas cerradas durante meses y aceras cuya mejora sigue a la espera.

Suscríbete para seguir leyendo