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Preacuerdo hasta 2030

Unidades para trastornos musculares, apoyo psicológico en empresas y pruebas en las mutuas: las 37 medidas de Xunta, UGT y CEG ante el alza de las bajas laborales

El plan integral se enfoca en el bienestar laboral con 18 millones para mejorar la prevención y el reconocimiento de que hay que reforzar la atención primaria

Incluye un protocolo para la vuelta y evitar recaídas

Xunta, UGT y Confederación de Empresarios de Galicia firman el «Plan integral 2026-2030 de mejora de la prevención, del bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia»

Xunta, UGT y Confederación de Empresarios de Galicia firman el «Plan integral 2026-2030 de mejora de la prevención, del bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia» / Xunta

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Julio Pérez

Vigo

El grupo de trabajo de Mejora del bienestar laboral y la reducción del impacto del absentismo al amparo de la Mesa del Diálogo Social en Galicia abordó las muchas causas que están detrás del incremento de las bajas en siete reuniones técnicas con expertos en relaciones laborales, prevención de riesgos y representantes de los agentes sociales. Hasta el último momento, el conselleiro de Emprego, José González, intentó espantar la sombra de «la demonización» de los trabajadores que tanto CC OO como la CIG denunciaron tras el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que se tomarían medidas, incluidas más funciones para las mutuas, en el último Debate sobre el Estado de la Autonomía. El borrador con tres ejes de actuación y 37 medidas está listo, sin rastro de las palabras «baja» o «absentismo» en su denominación para enfatizar que la salud es la prioridad.

Xunta, UGT y la patronal CEG firmaron este viernes el preacuerdo del «Plan integral 2026-2030 de mejora de la prevención, del bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia». El conselleiro evitó entrar en detalles para preservar el contenido hasta «la aprobación y la dotación presupuestaria» por parte del Gobierno gallego, confiado en superar el trámite en septiembre. «Es un hito importante», recalcó, al lado del secretario xeral del sindicato, Cristóbal Medeiros, y el líder de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites. Con la pesada ausencia de las otras dos grandes centrales, González alabó el preacuerdo alcanzado y la capacidad «de ponernos todos de acuerdo para este consenso en una problemática multifactorial y compleja que afecta tanto al derecho a la salud de los trabajadores, como a la productividad de nuestro tejido empresarial». «Aquí —reclamó— tenemos que ir todos de la mano». «El punto de partida era incorrecto e injusto y el logro fue cambiar el rumbo, pasando del control al cuidado», defendió el único sindicato presente.

El plan se asienta en tres pilares: reforzar la prevención y el bienestar laboral, mejorar la atención y los procesos de gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes y promover «la corresponsabilidad y el uso responsable» del sistema de protección. La consellería insiste en que el foco está puesto en reducir «las ausencias evitables». Es decir, aquellas que se prolongan por «razones corregibles», añade UGT, como las demoras en los diagnósticos médicos, la falta de coordinación, las trabas administrativas y «las condiciones de trabajo deficientes». Se prioriza la salud, «evitando enfoques punitivos o centrados en el absentismo» porque, advierte una vez más UGT, «no se pueden restringir derechos valiosos y socialmente muy apreciados».

Los protagonistas del acuerdo coinciden en que Galicia tiene una de las incidencias más altas de las incapacidades temporales. Como efectivamente reflejan las estadísticas de la Seguridad Social. Especialmente de las bajas de mayor duración, con una media superior a los 80 días en estos momentos. Tres patologías predominan: trastornos musculoesqueléticos, salud mental —sobre todo entre los jóvenes— y procesos oncológicos. Entres los factores que agravan el problema, destacan el envejecimiento del mercado laboral, el reducido tamaño de la mayoría de empresas, las largas listas de espera sanitarias y déficits en la gestión de las propuestas de alta de las mutuas. Las bajas cuestan 1.950 millones de euros al año en Galicia.

«Estrategia propia»

Aunque el plan apuesta por la coordinación con el resto de administraciones y unir a todo el tejido productivo, marca una estrategia «propia» para Galicia. En el eje de la prevención se contempla el refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), el organismo de cabecera de la Xunta para la prevención de riesgos; impulsar la negociación colectiva en materia de bienestar laboral; programas de prevención avanzada tanto en trastornos musculoesqueléticos como en salud mental; ayudas ergonómicas para pymes; o el impulso de programas de salud que apelen a hacer pausas activas, cuidar el sueño, tener en cuenta los efectos de la menopausia y el bienestar emocional. Serán medidas de «adopción voluntaria» para las empresas, animándolas a «ir más allá de las obligaciones legales, favoreciendo entornos de trabajo más saludables y mejor clima laboral».

Habrá disponibles servicios de apoyo psicológico y musculoesqueléticos para pymes, formación en este campo para mandos intermedios en los negocios, y protocolos y ayudas para facilitar la reincorporación. En esto último sí quiso ahondar la Consellería de Emprego y el propio González, en los «mecanismos novedosos» para acompañar la vuelta al trabajo y «medidas que contribuyan a evitar recaídas». «Galicia —dijo— será pionera».

En atención sanitaria, el plan contempla la creación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, de circuitos de recuperación funcional, el refuerzo de la atención primaria, simplificación de trámites, la integración de la historia laboral en la información clínica de los pacientes e, incluso, la búsqueda de buenas prácticas en las diferentes áreas sanitarias. Con las mutuas, se firmarán convenios para adelantar pruebas diagnósticas. El conselleiro negó la atribución de más competencias. Las altas y bajas corresponden a los profesionales del Sergas y, «a partir de ahí, hay capacidad para trabajar en colaboración con otras entidades y organismos, como pueden ser las mutuas». «Nada que no diga el Gobierno central tampoco», subrayó.

Las medidas prácticas van de la mano de «una carta de derechos y deberes» durante la incapacidad temporal. Se constituirán dispositivos conjuntos para actuar contra posibles abusos. «Que son minoritarios», admite la consellería. Las garantías para las personas de bajas se pondrán por escrito para evitar su «estigmatización».

Como mínimo, el plan acarreará 18 millones de euros de financiación en el periodo 2027-2029 para las medidas de prevención y bienestar laboral. Las sanitarias correrán a cargo del Sergas.

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Fuente: Faro de Vigo

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