Agencias.MadridEl ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer la firma de un protocolo para luchar contra la siniestralidad laboral que contempla penas, incluida la cárcel, para quienes incumplan las normas de prevención de riesgos en el trabajo.Durante su comparecencia en el Congreso, Caldera dijo que en "breves fechas" se firmará un protocolo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo. El documento, al que está previsto que se adhieran las organizaciones sindicales y el Consejo General de la Abogacía Española, también establece la ejecución de las sentencias condenatorias.Su objetivo es establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación ágiles entre las partes implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, así como definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación .Caldera calificó esta actuación como "importante, necesaria" y consecuente con la exigencia de "nula tolerancia" con los incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales.Se pretende, dijo, que ningún supuesto penalmente responsable quede sin investigarse ni enjuiciarse y que se condene "a los sujetos reales y no solo formalmente responsables del siniestro, con el máximo rigor que corresponda, incluida la cárcel"El ministro consideró "inaceptable" el número de accidentes, aunque subrayó que la mayoría de las empresas "funcionan correctamente" y velan por la aplicación de las normas de protección, por lo que "no podemos extender la mancha de la sospecha al conjunto de los empresarios".El plan recoge las actuaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo en los próximos diez meses (hasta abril de 2008) o bien que se van a iniciar en este periodo aunque su desarrollo sobrepase esa fecha.El ministro también anunció ayer la inversión de cuatro millones de euros en una campaña de concienciación para promover la cultura preventiva que comenzará el próximo otoño.Trabajo pondrá especial atención al cumplimiento de la norma por parte de las pymes para lo cual, a partir de septiembre, entre otras iniciativas, pondrá en marcha un plan de asistencia técnica al empresario con menos de 10 trabajadores.Asimismo, se intensificará la coordinación con la Fiscalía especializada en seguridad y salud, y se pondrá en marcha una comisión técnico-mixta entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas.