El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) no tiene en España buena prensa. Abundan incluso quienes abogan por su supresión por motivos diversos, no bien fundamentados. Un ejemplo significativo son las recientes declaraciones del consejero de Hacienda de Andalucía a un diario nacional de gran circulación afirmando que "el impuesto de sucesiones prácticamente no existe en ningún país ya", lo que es harto inexacto, como el consejero debería saber. Lo refuta un informe de la OCDE del pasado mayo acerca de la imposición sobre las herencias y donaciones en los países miembros ('Inheritance Taxation in OECD Countries', 2021), donde queda claro que en su gran mayoría (en 24 de 37) sigue existiendo alguna modalidad de tales impuestos, sea recayendo sobre los perceptores de la herencia o donación, o sobre la totalidad del patrimonio del causante.
Es cierto que dichos impuestos producen, en general, escasos ingresos al erario respecto al total de ingresos fiscales. Ahora bien, uno de los propósitos del informe es precisamente mostrar que es, en buena medida, su deficiente diseño actual en lo tocante a determinadas exenciones y reducciones que benefician primordialmente a los hogares más ricos y reducen la progresividad, lo que impide a tales impuestos cumplir sus deseables objetivos recaudatorios y distributivos; lograr esos objetivos requiere, por tanto, mejorar su diseño, subraya el Director del Centro de política y administración fiscales de la OCDE, Pascal Saint-Amans. Bienvenido sea, pues, este planteamiento de la OCDE tan distinto del observable en España (mayormente entre los partidos conservadores), que quizá ayude a modificar aquí ciertas actitudes.
Porque gravar las herencias y en general la transmisión gratuita de bienes no es confiscatorio, como sostiene el citado consejero andaluz, ni tiene nada de revolucionario. El economista y filósofo John Stuart Mill, representante eminente del liberalismo político y firme defensor de la propiedad privada, ya lo proponía en el siglo XIX para poner "un límite a lo que una persona puede adquirir por la benevolencia de los demás sin haber realizado ningún esfuerzo para obtenerlo".
En sentido similar se pronunciaron economistas del calibre de J.M. Keynes, A. Marshall, R. Musgrave o A.C. Pigou, defensores de la economía de mercado pero también de una redistribución de la riqueza que atenúe la desigualdad de oportunidades, conscientes de que el patrimonio heredado no depende de los méritos personales del receptor. En España, el gran hacendista Fuentes Quintana defendía el ISD suscribiendo casi literalmente la justificación de Mill, y actualmente el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, lo defiende arguyendo "que ayuda a mitigar la inercia intergeneracional de la riqueza".
El mantenimiento y potenciación de estos impuestos están hoy tanto más justificados considerando:
a) Que a partir del decenio 1980-90, al asentarse las políticas llamadas neoliberales, se produjo una considerable acumulación de riqueza: en 27 países de la OCDE y como media, señala el informe, el 10% de las familias mas acomodadas concentra la mitad de la riqueza familiar total y el 1% de ellas, las más ricas, posee por sí solo el 18% de ese total
b) Que en los países OCDE una proporción sustancial del total de la riqueza familiar es heredada, proporción que ha aumentado en los últimos decenios, como también sostiene el informe.
En España, la situación del ISD es heterogénea y genera agravios comparativos por la diversidad de criterios entre las comunidades autónomas, habiéndolo suprimido de facto algunas de ellas. Se requiere, pues, establecer un equilibrio territorial en aras de la equidad, que no pasa por su supresión (que pugnaría con los principios constitucionales de capacidad económica y justicia tributaria) sino por una generalización al conjunto español, con arreglo a una nueva normativa estatal, de ciertos aspectos definitorios del impuesto que posibiliten una genuina función redistributiva.
A tal propósito, cabría fijar mínimos exentos que excluyan las herencias modestas y medianas del ISD haciéndolo recaer sobre las elevadas, a las que se aplicaría -como el informe de la OCDE propone- una tarifa progresiva para reducir las desigualdades de riqueza y en pro de la igualdad de oportunidades y la movilidad social.
*Javier Díaz Malledo y José Mª García Alonso son inspectores de Hacienda del Estado jubilados.
