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La Opinión de A Coruña

El llanero solitario

Símbolos de división

Dicen, cuentan, señalan, filtran desde el Gobierno que, en una de las horas más difíciles de este comienzo de siglo difícil, han tenido en cuenta algunas propuestas de la oposición a la hora de elaborar el ‘Decreto Ley con el Plan Nacional de respuesta al impacto económico y social de la guerra’ aprobado esta semana. Pero, a pesar de tomarse su tiempo -somos el país que más ha tardado en adoptar medidas- el presidente no ha considerado que fuera necesario una reunión formal para intentar pactar con los grupos parlamentarios algo tan especial que debería ser capaz de unir al país. Al menos, eso expresó este miércoles al hablar en el pleno del plan cuando pidió unidad política y dejar de lado el sectarismo: "¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?" preguntó. Pero, en lugar de eso, ha buscado imposiciones unilaterales modelo lentejas, como le recordó algún socio ya escaldado por la reforma laboral.

Tampoco queda claro, a la vista del contenido del plan, por qué ha retrasado su adopción hasta después del Consejo Europeo de la semana pasada, pues todas las medidas se podrían haber aprobado hace un mes, con lo que podríamos haber evitado semanas de elevada conflictividad que han señalado, de paso, la existencia de problemas en los instrumentos asociativos de intermediación social. El acoso e intento de derribo que vivimos en el ámbito político de la mano de los populismos, se extiende también al espacio de la representación empresarial y de los trabajadores. Lo que se está cuestionando es el sistema entero de intermediación que da síntomas de agotamiento. Y esto, no es un asunto menor.

Vivimos, de nuevo, un momento muy excepcional. Todavía con cifras elevadas de contagios por covid, apenas si iniciada la recuperación pospandemia, en los primeros compases de aplicación de los fondos Next Generation, un fuerte ‘shock’ externo en forma de elevación de precios de productos básicos de importación nos empobrece de manera súbita. La guerra de Putin agudiza una tendencia previa de estrangulamientos en la oferta internacional de algunos productos y servicios. Así, si antes de la invasión de Ucrania, el IPC ya se había situado en cifras muy elevadas (6,1% interanual en enero), tras el estallido de la guerra se ha disparado hasta el 9,8% (marzo negro) en España y el 7,6% en Alemania, encendiendo todas las alarmas.

Según datos del Banco de España, el incremento salarial pactado en 2022 alcanza el 2,3%, muy por debajo de la tasa de inflación. Por su parte, las empresas no han trasladado de forma plena a los precios de sus productos los aumentos de sus costes por lo que el aumento de los costes energéticos ha frenado, también, la recuperación de los excedentes empresariales. El malestar social acumulado estos meses de incertidumbre ha estallado ante el alza de costes de productos esenciales, activando las movilizaciones de transportistas, agricultores y trabajadores, provocando rupturas en la cadena de suministros.

Todos los organismos están efectuando revisiones a la baja de las perspectivas para este año. En marzo, el panel de previsiones que realiza Funcas entre 19 servicios de análisis, ha recortado ocho décimas el PIB estimado (hasta el 4,8%) y ha incrementado la previsión de inflación en 1,9 puntos porcentuales (hasta el 5,4%). En función de cuánto dure el conflicto y sus efectos, la cosa puede ir a peor y no sería de extrañar un retroceso mayor del crecimiento y una inflación más elevada hasta el punto de hacer temer un adelanto en las medidas de normalización de la política monetaria por parte del BCE, como ya he hecho la Reserva Federal. De nuevo, un cisne negro, ha hecho saltar las previsiones por los aires.

Si durante la pandemia la política económica se orientó a sustituir rentas que las restricciones sanitarias hicieron perder a los agentes, la nueva crisis de la escasez y el empobrecimiento nacional (pagamos más dinero como país, por productos que antes comprábamos más baratos) obliga a repartir el coste y los sacrificios, de manera socialmente aceptable. Algo que ya vivimos cuando a finales de los 70 del siglo pasado, la subida del precio internacional del petróleo puso en riesgo nuestra transición a la democracia, obligando a alcanzar los Pactos de la Moncloa.

Las medidas aprobadas son solo una parte del elenco de soluciones. Falta el pacto de rentas que están negociando los interlocutores sociales y que el Gobierno debería incentivar. Y falta, también, la clave de bóveda de la situación: como se intervendrá sobre los precios de la electricidad, para evitar que la subida del gas vinculada al conflicto bélico, arrastre al alza, de manera injustificada, al 85% de la generación de electricidad que se consigue mediante aire, sol, agua o nucleares, tecnologías mucho más baratas.

Conseguir la excepción ibérica en el mercado europeo de la electricidad ha sido un gran éxito de los primeros ministros de España y Portugal. Con retraso. Con mucho retraso (la isla energética como concepto a esgrimir se apuntó en esta columna hace más de un año), pero un éxito que todos los que sabemos cómo funciona ‘Bruselas’, reconocemos. Ahora falta por ver cómo se gestiona para conseguir dos objetivos: una rebaja real del precio de la electricidad y su aceptación por la CE. Un reto importante, para el que sugiero la solución más simple: desligar el gas del mercado mayorista y que intervenga cuando sea necesario para garantizar el suministro, a su precio, pero sin arrastrar al resto de tecnologías que seguirían marcando el precio como ahora. Una vez se ha aceptado que el mercado marginalista actual, en presencia de renovables con coste marginal cero, genera beneficios "caídos del cielo", lo más sencillo es una fórmula como la esbozada.

Las medidas transitorias ya en vigor pueden encontrarse con un empeoramiento de las circunstancias que acabe diluyendo su impacto positivo. Por ello, desde Funcas, han advertido que el impacto del plan sobre la inflación será muy moderado, sobre todo, en comparación con lo elevado de su coste presupuestario. 

No tengo claro lo que hará la oposición cuando el plan deba convalidarse en el Congreso. Pero en el adelanto de este miércoles hemos vuelto a escuchar a un PP radical en su oposición, acusando a Sánchez de todos los males del país: "su colapso como gobernante es la decadencia del país y la ruina de los españoles", dijo Gamarra en un tono apocalíptico indistinguible de Abascal. Pero también, un apoyo tradicional del Gobierno como el PNV ha acusado, por boca de su portavoz, al presidente de ir de "llanero solitario" y luego pedir a los demás que, por responsabilidad, le saquen las castañas del fuego porque "no se puede votar en contra del decreto". Desde luego, si el presidente buscaba propiciar un gran acuerdo de país, el procedimiento seguido para elaborar el plan, no ha sido el más adecuado. Veremos, ahora, cómo inaugura Feijoo su nuevo liderazgo en este PP que acaba de formar Gobierno con Vox en Castilla y León. ‘Vivere pericolosamente’ parece el signo de estos tiempos. Y si no, que pregunten a Silver.

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