Si no fuese porque los policías que sujetan a ese hombre llevan un uniforme azul en vez de gris y gorra visera moderna en vez de gorra de plato, la imagen desprendería un rancio aroma a una detención callejera durante la dictadura franquista. Cuando no había libertad política ni sindical y a los que la reclamaban en la calle les echaban el guante inmediatamente y luego los trasladaban a comisaría, como primer paso antes de que los juzgase el Tribunal de Orden Público. Previo un "hábil interrogatorio", un eufemismo que ocultaba el ejercicio de la dialéctica joseantoniana de los puños y las pistolas. Luego, por esa nimiedad (nimiedad con mayúsculas, claro) perfectamente ejercitable en cualquier país democrático, podía recaer una sentencia que condujera a prisión a los detenidos, por un largo tiempo. Afortunadamente, ya no vivimos en aquellos años oscuros, la policía está al servicio de todos los ciudadanos, no existe el temible Tribunal de Orden Público (aunque hemos creado una Audiencia Nacional para poner importantes excepciones al derecho al juez natural) y los políticos y los sindicalistas pueden ejercer libremente sus funciones. En ese aspecto, es obvio que la situación ha mejorado de forma ostensible y la Policía y la Guardia Civil (lo que pomposamente se llama "cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado") disponen incluso de unos protocolos de actuación para ponderar el ejercicio de la violencia legítima en manifestaciones y protestas. Pese a todo, aún sigue habiendo injusticias y la gente se ve empujada a expresar su protesta en la calle y por tanto a la eventualidad de enfrentarse a la contundencia policial si se sobrepasan, un poco o un mucho, en el ejercicio del derecho de manifestación. Medir esos límites y esas proporciones en medio de una trifulca, o de un agitado movimiento de masas, es complicado. Y eso es lo que sucedió en la detención de Xosé Manuel Carril, profesor en la Universidad y concejal del Bloque Nacional Galego en el Ayuntamiento coruñés. El señor Carril protestaba contra un desahucio, junto con otra mucha gente, los ánimos se alborotaron y la policía lo detuvo acusándole de impedir por la fuerza el lanzamiento. Todos los que conocen al concejal nacionalista saben que es un hombre de natural pacífico, que gusta del diálogo en vez de la bronca, y no lo ven ejerciendo el papel de peligroso agente subversivo. No obstante, la Justicia dio la razón a la versión policial y Carril fue multado con 600 euros y al pago de las costas por una cantidad similar. Habrá quien, desde opciones ideológicas distintas a la suya, opine que el político nacionalista estaba encantado con su papel de víctima ocasional de la represión desde esa dialéctica antiautoritaria que se atribuye siempre a la izquierda. Vista la impresión que se desprende de la fotografía cuesta creerlo. Esa ligera arquitectura ósea, esa expresión un tanto asustada de la cara, esas gafas de estudioso, transmiten todo lo contrario.