El sistema político español se ha basado desde comienzos de los años ochenta en el conocido como "bipartidismo imperfecto", es decir, la alternancia en el Gobierno de dos fuerzas políticas „PSOE y PP„ con el complemento de otros partidos que han sido más o menos necesarios para la configuración de mayorías. La irrupción de nuevos partidos tras la crisis económica dará lugar, según vaticinan todas las encuestas, a un escenario inédito con cinco grupos estatales „a los anteriores se unirán Podemos y Ciudadanos, ya presentes en el Congreso, y Vox„, a los que se sumará el resto de siglas que se presentan solo en algunos territorios. La configuración de mayorías se hará más complicada y se atisba la inédita posibilidad desde la Transición de un Ejecutivo de coalición. Sin embargo, al bipartidismo le queda un as en la manga para paliar el golpe: el sistema electoral.

En cada llamada a las urnas, los partidos pequeños claman contra el modelo de reparto de escaños y la ley D´Hondt resucita en tertulias partiendo de un error primigenio: la ley D´Hondt no es una ley. Se trata de un sistema de reparto proporcional que no es tan decisivo como el modelo establecido por la ley de 1985.

La Constitución establece que el Congreso debe contar con un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, quedando fijada la cifra en 350. Establece que cada provincia „la circunscripción electoral„ tendrá una asignación mínima de representantes y que el resto se determinará en función de la población. En la ley electoral de 1985 se otorgaron de forma fija dos escaños por provincia „uno en los casos de Ceuta y Melilla„, lo que dejó como inamovibles 102 asientos. Los restantes 248 fluctuarían según los habitantes de cada circunscripción. Esa vía garantizaba un peso mínimo para cada provincia con la que evitar la marginación de los territorios despoblados por su escaso valor electoral.

Este reparto prima a la España vaciada. Por ejemplo, en las 28 provincias con 5 o menos escaños en juego se ponen en liza 103 diputados, que suponen el 29% de las sillas de la Cámara Baja. Pero su población representaba en lo comicios de hace tres años el 20% del total del Estado.

Ahí entra en juego el sistema D´Hondt, que consiste en dividir el número de votos de cada partido por cada uno de los escaños en cada provincia de forma sucesiva. Por ejemplo, en Pontevedra, donde se reparten siete, los 208.921 votos al PP en las generales de 2016 se dividen por 1, 2,3... hasta siete. Tras realizar la misma operación con todos los contrincantes, se otorgan los diputados a los cocientes más altos.

En las circunscripciones pequeñas es donde este modelo penaliza a los rivales del bipartidismo, cuyos votos se van a la basura sin proporcionarles representación. En Ourense, por ejemplo, En Marea logró en las últimas generales un 15,6% de las papeletas, pero perdió el escaño que había logrado el año anterior. Solo se distribuyen cuatro en esa provincia y PP se llevó tres y PSOE, uno. Más diáfano fue el caso de Guadalajara, donde se compite por tres actas. El PP obtuvo dos y el PSOE, uno, mientras que Podemos y Ciudadanos, con un 18,2% y un 16,4% respectivamente, no obtuvieron ninguno.

Ante esa situación estos últimos partidos propusieron hace un año modificar el sistema D´Hondt por el método Sainte Laguë, empleado en Suecia o Dinamarca, con el que ganarían 22 sillones.

La irrupción de Vox amenaza con desestabilizar este as en la manga del bipartidismo. Por ese motivo, el PP se ha lanzado en tromba a pedir el voto útil y evitar la dispersión de quienes rechazan un Gobierno en manos de Pedro Sánchez. Los populares sufren la división en la derecha que el PSOE ha padecido antes en la izquierda y temen que la pérdida de unos votos les penalice proporcionalmente en mayor intensidad en el reparto de diputados en el Congreso.

Son los vericuetos de cada sistema, como los que posee el estadounidense, que permitió al ahora presidente Donald Trump alcanzar la Casa Blanca con menos votos que Hillary Clinton. En España, sin embargo, al bipartidismo le queda un as en la manga.