El Gobierno y el PP comparten la tesis de que, tras las elecciones generales del 10 de noviembre, los acuerdos llegarán rápido porque ningún partido quiere asumir la responsabilidad de un nuevo bloqueo político ante una opinión pública hastiada. Con esta tesis, Pedro Sánchez ultima un plan que presentará este domingo en un acto del PSOE, en el que expondrá la hoja de ruta para la formación exprés del nuevo Ejecutivo. La intención del presidente en funciones es llegar a un entendimiento en el mes de noviembre para que la investidura se celebre en diciembre, lo antes posible. Los socialistas parecen haber asumido ya que podrían quedarse varados en torno a los 123 escaños que obtuvieron en abril, pero entienden que el contexto forzará a Pablo Casado a ofrecer esta vez una abstención en pos de la estabilidad.

Los planes de Sánchez, indican fuentes gubernamentales, pasan por conseguir desbloquear la investidura antes de comienzos de diciembre. Él mismo indicó recientemente que quiere que esta negociación será rápida, más cuestión de días que de semanas. El martes 3 de diciembre se constituyen las nuevas Cortes. A partir de ese momento, la presidencia del Congreso podría fijar la fecha para el pleno de investidura, que en todo caso no sería antes del viernes 6. Ese día, el Parlamento conmemora el aniversario de la Constitución, que, todo apunta, se celebrará con el Gobierno todavía en funciones. Sería a partir de la siguiente semana, la segunda de diciembre, cuando Sánchez podría optar a ser reelegido. Su intención es reducir al máximo las vacaciones de los parlamentarios por Navidad.

Las tres primeras semanas de diciembre son hábiles y el presidente quiere que también se trabaje en enero, un mes en el que sus señorías tienen libre. No sería la primera vez que se anulan las vacaciones de diputados y senadores el primer mes del año, pero esta vez Sánchez quiere hacerlo porque está determinado a presentar después de Reyes el techo de gasto. Se trata del primer paso en la tramitación de los Presupuestos.

El cambio

La celeridad que el líder socialista quiere imprimir a su reelección contrasta con la actitud que mantuvo tras las generales de abril, cuando no fijo su primer intento de ser investido hasta finales de julio y después, al no ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias sobre la coalición, se tomó vacaciones e inició una ronda de contactos con colectivos sociales, en lugar de reanudar la negociación con Unidas Podemos. El enfoque no fue compartido por todos los dirigentes socialistas, y varios barones contemplaron con dudas su disposición a repetir elecciones, pero si Sánchez logra la investidura en septiembre ese malestar (tímido, dado que nadie discute ahora la autoridad del secretario general) habrá quedado en nada.

Cuestión distinta es el día después a su hipotética reelección. Cómo aprobar las cuentas públicas del 2020 será el gran quebradero de cabeza para Sánchez si finalmente consigue ser investido. En el Gobierno ha arraigado la convicción de que el PP esta vez podrá abstenerse porque la situación, tras el 10-N, no es la misma que en abril. De ser así, Sánchez pasaría su primera prueba de fuego cuando se sometan a votación los Presupuestos: podría salvar la investidura, pero continuaría sin mayoría parlamentaria y debería alcanzar acuerdos en cada uno de los proyectos que presente ante el Parlamento.

En el Ejecutivo admiten que es muy probable que el PSOE encalle en los 123 escaños conseguidos entonces o los supere por poco, pero están convencidos de que ahora las actitudes del resto de los partidos, y especialmente del PP, serán distintas. El Gobierno es hermético sobre posibles conversaciones entre Sánchez y Casado, pero argumenta ese apoyo del PP en factores de contexto.

En primer lugar, sostienen, la opinión pública penalizaría un nuevo bloqueo o la demora en la formación del nuevo Gobierno. Además, arguyen, el hundimiento que las encuestas vaticinan a Ciudadanos dejará a Casado sin la presión que ha tenido hasta ahora de competir con los naranjas. A todo ello suman el giro hacia la moderación del PP, que ha dejado atrás la radicalidad y trata de exhibir ahora una línea que defiende los grandes acuerdos de Estado. Como adelantó este diario, los populares se plantearían esa abstención siempre que se pacten aspectos como la reforma legislativa para evitar futuros bloqueos, pactos en materia de unidad territorial, económica y social.

Si algo asume ya el Gobierno es que un pacto por la izquierda, que en principio también necesitaría al PNV y ERC, es muy difícil, debido a la insistencia de Iglesias en una coalición, a la que ahora, auguran, trataría de sumarse Íñigo Errejón.