La Junta Electoral Central ordenó a Correos a distribuir la propaganda electoral de Vox para los comicios de Galicia y Euskadi que la sociedad estatal había paralizado preventivamente al entender que podía vulnerar derechos fundamentales, pues sus sobres incluían expresiones como "invasión migratoria" o que el BNG "invitó a un grupo terrorista a un mitin". El organismo arbitral no aprecia esa vulneración y pide enviar la documentación a los electores.
