Cuando la crisis económica que arrancó en 2008 empezada a formar parte del pasado llegó la pandemia que no solo devolvió la economía al punto de partida sino que incluso se aventura mucho peor. El Banco de España sostiene que sus consecuencias serán duraderas y persistentes y prevé que la caída del PIB derivada de la emergencia sanitaria sea de entre el 9% y el 15,1% este año. Otros organismos, tanto nacionales como internacionales, no ofrecen panoramas más optimistas. Ante este escenario existe una lógica inquietud por los puestos de trabajo y el riesgo de que se pierdan definitivamente. Así, el desempleo se convierte en la principal preocupación de los gallegos, muy por encima de cualquier problema. De hecho, el 32,1% cita el paro como su primera preocupación, según los resultados de la encuesta de Gesop para LA OPINIÓN. Y se trata de un "ahogo" que es común a las cuatro provincias, con muy leves diferencias entre ellas.

Si a la incertidumbre sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo se une la marcha de la economía y el futuro de la industria en Galicia -que arrastra su propia crisis intrínseca desde antes de la pandemia-, entonces este bloque es el principal problema que ahora mismo ven los gallegos. Nada menos que así lo cree el 45,1% de los encuestados.

La preocupación es un poco menor en la provincia de Ourense, ya que así lo considera el 40,2%, por el 46,9% de A Coruña, el 45,3% de Lugo y el 44,5% de Pontevedra. En todo caso, la industria es el primer problema identificado por el 6,9% de los gallegos, y la marcha de la economía, por el 6,1%. Eso sí, en Lugo la inquietud industrial es la más alta de la comunidad, señalada por el 10,4% de los ciudadanos, algo que se atribuye a los problemas por los que pasa Alcoa, sobre la que pesa una seria amenaza de cierre.

Tras el desempleo, el segundo problema más grave para los gallegos es la asistencia sanitaria, pero ya en un nivel muy bajo, dado que solo así lo señala el 9% de los entrevistados. A pesar de que la encuesta se realizó nada más levantarse el estado de alarma y tras meses de confinamiento de la población para evitar la propagación del coronavirus, la sanidad no es motivo para quitar el sueño.

Del resultado se deduce que los gallegos confían ampliamente en su servicio de salud a pesar de las denuncias de constantes recortes en los presupuestos y prestaciones sanitaria, así como de las restricciones que supuso el Covid-19, que provocó que la atención se centrara en los casos positivos, cerrando prácticamente todas las agendas para el resto de las dolencias que no revestían carácter urgente.

En este caso, la diferencia entre provincias fue acusada. Así, mientras en Lugo la atención sanitaria como problema solo fue citada por el 3,3% de los encuestados, en la de Pontevedra llegó al 12,1%, la proporción más alta de la comunidad.

Y el coronavirus en sí tampoco genera excesiva preocupación. De hecho solo lo califican como el principal problema de Galicia el 7,6% de los gallegos. A esta concepción posiblemente haya ayudado que Galicia fuera una de las comunidades con menor impacto de la crisis sanitaria y la que, junto con Canarias, presentara la tasa de letalidad por paciente hospitalizado más baja del Estado.

Además, al contrario que en otras comunidades, las camas de UCI no llegaron a colapsarse ni tampoco fue necesario instalar hospitales de campaña -a pesar de que estaban previstos dos por si la situación empeoraba- ni morgues provisionales como las que se vieron en la Comunidad de Madrid.

Mientras en Lugo el 10% de los encuestados citó el coronavirus como el primer problema, en Pontevedra fue el 8,1%, en Ourense el 6,6% y en A Coruña, el 6,4%.

Tampoco parece que la clase política provoque demasiada desconfianza entre la población gallega, pues solo el 8,7% la ve como un problema. Lejos quedan los tiempos cuando, debido a la crispación y a la corrupción, el descrédito de los políticos se situaba casi al mismo nivel que la preocupación por el empleo y la economía.

A la cola de los problemas en la comunidad los gallegos sitúan, entre otros, las infraestructuras de comunicación (4,2%), la educación (1,5%), la pensiones (0,9%), la desatención del campo (1,6%) o el cambio climático (0,8).