La Autoridad Portuaria tenía previsto presentar ayer, a partir de las seis y media de la tarde en Palexco y ante una audiencia de más de 100 personas, un estudio sobre sus objetivos operativos y perspectivas comerciales denominado Plan Estratégico 2016-2020. El acto fue suspendido por la Junta Electoral de Zona menos de una hora antes de su comienzo a raíz de una denuncia interpuesta por En Marea recibida a las 17.33 horas.

La coalición denunció que la celebración del acto "incurre en las irregularidades expresamente prohibidas por la normativa electoral y legislación estatal" ya que contiene "inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada".

El Puerto, que tuvo que pedir disculpas por las molestias ocasionadas por esta decisión a los invitados de diferentes sectores empresariales y sociales, acató la decisión de la Junta Electoral zonal, aunque descartó que el acto programado seis días antes de los comicios generales tuviera intenciones electoralistas. "La Autoridad Portuaria organizó este evento entendiendo que, por su naturaleza, no colisiona con el contexto electoral", apuntaron fuentes de la entidad.

La presentación del Plan Estratégico 2016-2020 tendrá lugar en una próxima fecha que será anunciada "en breve", añade la Autoridad Portuaria. El acto previsto ayer pretendía exponer una estimación del impacto socioeconómico actual del puerto, un estudio de mercado de la dársena exterior de punta Langosteira y una definición de los objetivos estratégicos de la institución. El documento, que fue presupuestado en 240.000 euros, sustituye a una plan parecido elaborada para el periodo 2009-2013.

La planificación estratégica hasta 2020 es uno de los tres informes encargados por el Puerto a lo largo de este año para definir sus directrices operativas. Otro estudio, para el periodo 2015-2020, tiene como finalidad atraer inversiones y tráficos al puerto exterior para incrementar la actividad en Langosteira. El otro informe es un plan comercial centrado en la obtención de ingresos adicionales a los que general los operadores actualmente implantados en la dársena exterior.

El Gobierno local del PP fue penalizado en abril pasado por una decisión similar de la Junta Electoral zonal, que obligó a cerrar una exposición del proyecto Smart City que había sido inaugurada un día antes de la publicación en el BOE de la convocatoria de elecciones locales, fecha a partir de la cual la ley impone límites a los poderes públicos para evitar que usen recursos de la Administración con fin electoralista.