El tiempo juega en contra de los ganaderos lácteos gallegos, que viven una situación "agónica" que las cifras confirman: pese al acuerdo de septiembre, ingresan un 35% menos que el resto de España. El producto, "oro blanco" en las vacas gordas, se pagaba en octubre a 28 céntimos el litro, la cuantía más baja del Estado, y los productores gallegos dejan de ingresar al mes hasta 1.234 euros por no recibir los 34 céntimos que precisarían para cubrir los costes de producción. Todo en un sector clave para Galicia: acapara el 40% de la leche producida en España y concentra a la mitad de quienes viven de ello.
En esa situación, los productores, que se adueñaron de calles y de centros comerciales y de la distribución en verano y que llegaron a la huelga de entregas para reclamar un "precio justo", volvieron a sacar sus tractores en plena campaña electoral para quejarse de que el acuerdo de septiembre auspiciado por el Ministerio de Agricultura entre los tres eslabones de la cadena no repercutió aún en las mermadas cuentas de unos negocios que son el medio de vida de casi 10.000 familias, de las que unas 80 al mes, según Fruga, echan el cierre por no aguantar más.
Con los comicios a la vista, los ganaderos denuncian que la distribución subió los precios hasta seis céntimos en los lineales, pero que ellos no lo notaron. Mientras, los partidos que concurren al 20-D han mostrado, de un modo u otro (aunque el PP, al gobernar, sufra el desgaste de las protestas) su apoyo a un sector que ha recibido dividido el contrato-tipo para sus relaciones con la industria y que ve en tiempo de descuento el materializar el decreto de cesión de los precios, que transparentará a cuánto paga la distribución a la industria y ésta a los ganaderos.
Roberto García, de Unións Agrarias, concede que el decreto de cesión está avanzado y también la determinación del origen de la leche, por lo que podrían ponerse en marcha "si hay voluntad", pero apunta que lo primero de lo que debe ocuparse el Gobierno que salga de las urnas el 20-D es de "resolver el cumplimiento" del acuerdo, al que para UPA (de la que forman parte y que no firmó) le falta definir "precio sostenible" y "criterios para fijar sanciones". Espera que el próximo Ejecutivo pueda usar, si no sanciones, otras "herramientas" para que los que firmaron cumplan. Y "dar un paso más" en lo que tacha de "fuegos de artificio" del Gobierno con la ley de la cadena alimentaria, cuyas metas -regular márgenes y evitar abusos- ve "loables", pero "se quedan en declaraciones de intenciones". Mientras, el tiempo apremia, ya que, tras siete meses con precios "escandalosamente bajos", "a la vuelta de la esquina" está la primavera, y serán peores. "Si llegamos ahí con el conflicto sin solución, los efectos van a ser brutales", advierte.
Para Xabier Gómez, del Sindicato Labrego Galego (en COAG), los retos del próximo Gobierno "son iguales a los anteriores" y requieren "un cambio de voluntad". La meta sería "no permitir que dentro de la cadena de comercialización una parte se quede con los beneficios, como sigue ocurriendo", lamenta. Por eso, cree que "lo primero es legislar cómo se distribuyen los márgenes", a partir de "regular que se cubran los costes de producción". A la vez el Ejecutivo debe "empezar a trabajar en la UE por la regulación de productos". Porque, dice, no va a haber buenos precios mientras se produzca para exportar, lo que "hasta ahora" determinó la política comunitaria. "No queremos producir leche para esos mercados. No nos compensa. Queremos que se repartan los derechos de producción para cubrir las necesidades de Europa", explica, convencido de que con eso, y un precio "justo" que "cubra costes", al sector "se le acaban los problemas". Aun así, señala que si tras los comicios se produjese un "cambio político real", "habría que volver a iniciar el proceso porque el acuerdo no sirve" al ser voluntario.
Desde fuera de las granjas, expertos como los del Foro Económico de Galicia analizaron el sector. Edelmiro López, profesor de Economía Aplicada de Santiago y responsable del documento del Foro sobre el lácteo, ve problemas, pero no "agonía". A su juicio, son tres los principales retos que debe abordar el próximo Ejecutivo (aunque algunos, aclara, dependen también del Gobierno gallego). El "inmediato" pasaría por lograr "estabilizar" las relaciones de productores, industria y distribución. El acuerdo de septiembre, apunta, apela a la "buena voluntad" al no incluir "mecanismos de penalización", pero el Gobierno tiene medidas que "podrían usarse para evitar el dominio abusivo" de alguna parte. Al margen de eso, ve "decisivo cómo evolucione el sector" a nivel internacional. Si los precios siguen bajos, "va a ser difícil que la leche se pague más cara", augura.
A medio plazo (unos 10 años), añade, hay que lograr "modificar el modelo productivo de las explotaciones" (les hacen falta tierras para abaratar los costes), mientras el reto "más difícil" sería "reforzar la estructura industrial", lo que conlleva una política "más activa" para "consolidar una industria que sea capaz de darle más valor añadido a la leche". López destaca que "el mundo va a necesitar leche" y que los gallegos tienen 9.000 granjas, en su mayoría "muy bien equipadas", con gente con "capacidad de adaptarse al nuevo contexto", aunque ahora, señala, necesitan "respirar un poco". Porque, de seguir "dos años más con los precios actuales, se va a producir una salida del sector acelerada", advierte.
