Anque chova, vota. Aquel eslógan de la campaña del Estatuto de 1981 se convirtió pronto en un clásico. Una llamada a romper la tradicional inclinación abstencionista de los gallegos y un recordatorio de que el derecho a voto cobra más sentido cuando se ejerce. Galicia afronta hoy sus undécimas elecciones municipales bajo el influjo de un ambiente preveraniego, pero extasiada por el frenesí electoral que le lleva a votar en el plazo de un mes a sus voceros en las Cortes, y ahora, a sus representantes en Bruselas y a sus concejales en los municipios.

Pero la cita electoral es también una reválida. En ella se medirá si la inédita victoria que el PSdeG infligió al PP gallego el pasado 28-A se asienta en la arena municipal, y si se refuerza con ella la hipótesis de un posible cambio en la Xunta en 2020. Aunque no solo habrá un termómetro puesto en el bipartidismo. En las ciudades, las mareas afrontan su gran test de estrés „sobre todo en sus bastiones de A Coruña, Santiago y Ferrol„, la derecha calibra su fragmentación con la incógnita de C's y Vox, y el nacionalismo quiere sellar su billete de vuelta en los concellos. La gobernabilidad quedará para después (las corporaciones se constituyen el 15 de junio), con el temor a posibles bloqueos: solo las mayorías que los sondeos vaticinan para Vigo y Pontevedra se perfilan como excepción al esquema que divide al bloque progresista del que compone el centro-derecha.

En todo caso, la configuración „y el color„ del nuevo mapa político queda en manos de los 2,25 millones de gallegos que hoy están convocados a las urnas. Lo harán para elegir a los 3.271 concejales de los 313 ayuntamientos de la comunidad. Entre ellos, más de 46.000 ya emitieron su voto por correo, mientras que casi 60.000 podrán hacerlo por primera vez tras haber alcanzado la mayoría de edad desde las pasadas generales.

La incorporación de nuevos electores es una cara de la moneda que contrasta con la reducción del censo. La sangría demográfica también pasa factura en las urnas: en comparación con 2015, año de las últimas municipales, tendrán derecho a voto 36.000 personas menos en Galicia. Y lo mismo sucederá con los concejales en liza. Habrá una reducción de 45 respecto a hace cuatro años, en parte por la fusión de Cerdedo-Cotobade, pero también por la pérdida de peso poblacional de Lugo y Ourense. El andamiaje de la jornada electoral lo redondeará el despliegue de 6.907 agentes de seguridad que velarán por que las votaciones se celebren con normalidad en las 3.955 mesas electorales habilitadas y distribuidas en 2.424 locales. En Boiro se implantará un sistema de pictogramas para facilitar el voto a personas con discapacidad intelectual. Según la Delegación del Gobierno, el gasto del 26-M en la comunidad ascenderá a 3,8 millones de euros.

Todo está preparado para que la atención se centre en lo importante: los resultados. Y ahí las interpretaciones fluctúan en función del prisma temporal con que se miren. El PP, tradicional amo de llaves del tablero político de Galicia, ya no obtuvo un buen resultado en 2015, al perder el mando en A Coruña, Santiago y Ferrol, y ceder los tronos provinciales de A Coruña y Pontevedra. Pero entonces aventajó en más de diez puntos a su gran rival, el PSdeG.