La Sareb ofrece en campaña electoral 67 viviendas para alquiler social a A Coruña
La alcaldesa y el delegado del Gobierno anuncian que el Consejo de Ministros aprueba mañana la licitación de la reforma de Alfonso Molina
Edificio con las viviendas desocupadas en la avenida Fisterra. / Víctor Echave
La Sareb ha ofrecido a la ciudad de A Coruña un total de 67 viviendas en disposición de ser adquiridas por la Xunta y destinadas a alquiler social. El Ayuntamiento va a trasladar "con carácter inmediato" a la administración gallega toda la información sobre estas viviendas "para que pueda avanzar en su adquisición y puesta a disposición de los ciudadanos", según ha adelantado esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, en plena campaña de las elecciones municipales y tras un encuentro institucional con el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. La regidora no concretó en qué zonas de la ciudad están ubicados estos pisos.
La cifra facilitada hoy por Rey contrasta con la que tanto el Concello como la Sareb dieron anteriormente respecto a las propiedades del llamado banco malo en la ciudad que habían sido ofrecidas: en julio pasado, la Sareb comunicó a este diario que había ofrecido hasta cinco pisos. Fuentes municipales redujeron el número a tres, y señalaron que solo una era “mínimamente aceptable”. Ahora la sociedad estatal ofrece 67, según el Ayuntamiento, "supuestamente" en condiciones de ser habitadas ya.
El encuentro entre Rey y Besteiro fue aprovechado por ambos para anunciar que mañana martes el Consejo de Ministros aprobará la licitación de las obras de remodelación y ampliación de la principal vía de acceso a A Coruña, la avenida de Alfonso Molina, cuyo concurso indicó la ministra de Transporte en octubre del año pasado que se licitará a comienzos de 2023. Esta actuación coincide con la segunda fase de la ampliación y sucede a la construcción de la pasarela peatonal entre Pedralonga y Palavea, todavía en obras. La obra tiene un coste de 23,9 millones de euros, de los que 21 corresponden a los trabajos en la infraestructura, 1,6 millones a expropiaciones y 1,3 millones a asistencia técnica. Hay una tercera fase que es un proyecto de integración ambiental, pendiente todavía, con 5,8 millones de euros para un total de 29,7. La iniciativa, con un plazo de ejecución de 24 meses, incluirá soluciones para los vehículos procedentes de la autopista AP-9 en dirección al centro, además de para los que cruzan el puente de A Pasaxe hasta los polígonos, y supondrá la incorporación de un carril por sentido de circulación.
El delegado del Gobierno y la alcaldesa también anunciaron la constitución de una comisión técnica permanente de seguridad ciudadana para "atender la necesidades de refuerzo en los barrios". Besteiro y Rey destacaron la colaboración entre los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y la Policía Local y subrayaron que Galicia "es la tercera comunidad más segura de España".
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