Convergencia i Unió, que gobierna Cataluña desde las autonómicas del pasado año y que ha experimentado un gran avance en las generales del 20-N, esgrime la bandera del concierto económico en su estrategia soberanista. El partido liderado por Artur Más pretende contrarrestar el Estatut, impulsado por el tripartito que le precedió, con el concierto económico, un nuevo pacto fiscal que dé al traste con la financiación autonómica pactada por los socialistas en 2009 y equipare a Cataluña con el País Vasco y Navarra.

CiU aspira a una relación fiscal bilateral con el Estado, en vez de someterse al marco multilateral en el que están representadas y tienen voz las autonomías del régimen común.

CiU quiere meter presión al futuro gobierno de Mariano Rajoy para intentar que Cataluña acceda al modelo del cupo y gestione directamente todos los tributos. Es decir, el partido de Artur Mas se ha fijado como objetivo la autogestión económica a través del cupo, modelo tachado de insolidario por diversos economistas.

El cupo, del que disfrutan País Vasco y Navarra, consiste en que esas autonomías pagan al Estado por los servicios realizados por el Gobierno central, ya sean en el territorio o porque sus ciudadanos se benefician de ellos (Ejército y servicio diplomático, por ejemplo). El cupo se revisa quinquenalmente.

Las comunidades que tienen el concierto económico o cupo asumen las competencias normativas y de exacción, gestión, liquidación y recaudación de todos sus impuestos y están eximidas de contribuir al sistema de nivelación interterritorial, mediante el cual el Estado aporta recursos a las regiones con menores niveles de renta para que estas comunidades puedan ofrecer servicios similares a los de los territorios más ricos.

CiU pretende que Cataluña recaude, inspeccione y gestione todos sus impuestos y luego salde cuentas y los liquide con el Estado sin tener que realizar aportaciones a los fondos interterritoriales, actualizados hace sólo tres años, cuando se revisó el modelo de financiación autonómica tras una compleja y larga negociación entre el Gobierno central y las autonomías del denominado régimen común, todas excepto País Vasco y Cataluña.

La reivindicación del Gobern catalán, que cuenta con el apoyo de ERC y de ICV, se ha encontrado con la oposición del PP, el PSC y Ciutadans. Los populares y los socialistas catalanes consideran necesaria una mejora del sistema de financiación para Cataluña pero discrepan del modelo bilateral. El ejecutivo de Mas se quedó el martes sin apoyos parlamentarios para impulsar una consulta ciudadana sobre el concierto con el fin de que Rajoy acepte mejorar el sistema de financiación de Cataluña.