El Ministerio fiscal no contempla, salvo que aparezcan nuevos datos, acusar a Iñaki Urdangarín, duque de Palma e investigado en el caso Palma Arena, de delito alguno por el dinero que su grupo de empresas Nóos recibió de grandes empresas y entidades privadas, no así de las Administraciones públicas.

Ninguna de estas sociedades ha formulado, de momento, denuncia por supuesta estafa contra Urdangarín, Diego Torres o el resto de implicados en la pieza separada secreta del Palma Arena. Las pesquisas realizadas por la Agencia Tributaria, el Grupo de Delitos Económicos de la Policía de Palma y la fiscalía anticorrupción de Balears han revelado que el ramillete de asesorías, asociaciones, fundaciones e institutos vertebrados en torno a la figura de Iñaki Urdangarín facturó, entre 2003 y 2007, varios millones de euros a grandes compañías. Entre las entidades que contrataron al conglomerado Nóos destacan Ford, Toyota y Volkswagen, Iberdrola, Bancaja, los clubes de fútbol Villarreal y Valencia, Roig Grupo Corporación y la Sociedad General de Autores (SGAE).

El sumario también demuestra que Nóos tuvo relaciones esos años con otras potentes firmas: Repsol, BAF, Motor Press Ibérica y otras entidades financieras. Los clientes que contrataron a Urdangarín y sus allegados como asesores de imagen o expertos en marketing deportivo pagaron sumas muy elevadas.

De momento, ha trascendido que la SGAE abonó al grupo Nóos 760.000 euros, una compañía automovilística otro millón, y el presidente del Villarreal, Fernando Roig, casi 700.000 euros.

Otra fuente de ingresos del duque de Palma fue la búsqueda de anunciantes particulares para el rosario de eventos que el instituto Nóos organizó en esos años con fondos públicos: tres foros en Valencia y otros dos en Palma. En los dos congresos mallorquines (las dos ediciones del Illes Balears Forum Turismo-Deporte), Nóos consiguió, por lo menos, otros 625.000 euros de patrocinios privados, que se sumaron a los 2,3 millones que le pagó el Govern de Jaume Matas.

La fiscalía anticorrupción sí podría acusar a la cúpula de Nóos, encabezada por Urdangarín, Diego Torres, la mujer de este y sus dos cuñados, de incumplir los convenios firmados con el organismo público Illesport sobre el destino de los fondos privados. Según los dos acuerdos, el dinero de los anunciantes particulares tendría que haber servido para reducir la aportación de fondos públicos.

Volviendo a la captación de dinero de empresas particulares, los investigadores piensan que, si no se cometió estafa u otro tipo de delitos, las contrataciones de Urdangarín para campañas de imagen, marketing u otros servicios no son delictivas. En principio, las empresas privadas son dueñas de hacer con sus fondos lo que quieran, mientras no incumplan la ley.

Cosa diferente sería que los contratistas del conglomerado Nóos se sintieran engañados por Urdangarín al haberle pagado por unos objetivos no conseguidos. La policía sospecha en este caso que el duque de Palma vendió sus "influencias" simulando la realización de tareas de asesoría o imagen.

La Audiencia, a la espera

La pieza separada del caso Palma Arena donde se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedades y fraude a la Administración atribuidos a un grupo de empresarios y gestores encabezados por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, podría acabar en la Audiencia Nacional si aparecen nuevas líneas de investigación.

En principio, las pesquisas se centran sobre posibles desvíos de parte de los 6 millones de euros de fondos públicos que, entre 2004 y 2007, recibió el Instituto Nóos por la organización de cinco foros. La fiscalía no obstante, opina que, de momento, la competencia es del juzgado de Palma de Mallorca.