20 de junio de 2012
20.06.2012
La Opinión de A Coruña

Encadenarse en protestas será "un atentado contra la autoridad"

El Gobierno pretende castigar por la vía penal a partidos políticos y sindicatos cuyos afiliados incurran en violencia en manifestaciones

21.04.2012 | 02:00
Disturbios en Barcelona durante la huelga general del 29-M. / efe

El Ministerio del Interior ha propuesto al de Justicia que la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno contemple la posibilidad de que sean castigados penalmente asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público.

Según fuentes de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha trasladado esta propuesta al Ministerio de Justicia, con quien prepara la reforma del Código Penal que el Ejecutivo quiere tener aprobada antes de final de año. Ulloa confirmó ayer que Interior quiere que "encadenarse" por los brazos durante una manifestación para impedir ser desalojado sea considerado "un atentado contra la autoridad", al igual que lo es "agredir" a un agente, aunque sea castigado con una pena inferior.

Fuentes de Justicia han asegurado que en los últimos días Interior les ha remitido sus iniciativas para endurecer el Código Penal y que la próxima semana tendrá lugar una reunión entre Ulloa y el secretario de Estado Justicia, Fernando Román, para dar forma a las futuras modificaciones.

Entre los planes de Interior figuran que cuando los autores de delitos contra el orden público, altercados o incidentes registrados en manifestaciones sean afiliados de las asociaciones, sindicatos o partidos políticos convocantes, estos puedan ser responsabilizados penalmente, y no solo en vía civil, como personas jurídicas. La última reforma penal de 2010 introdujo como novedad la responsabilidad penal de las personas jurídicas a excepción de las empresas públicas, los partidos y los sindicatos.

En concreto, el artículo 31 del Código Penal contempla que "las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho".

Además de esta propuesta, Interior quiere castigar con una pena mínima de dos años los actos de vandalismo callejeros, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla. También pretende que se tipifique el delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de actos que tengan como finalidad alterar el orden público.

Se trata, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de perseguir a las personas que cometan desórdenes públicos tras organizarse previamente por algún medio, como internet.

Fernández Díaz quiere también que el nuevo articulado del Código Penal considere como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

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