El Gobierno prepara una modificación legal sobre la calificación del término imputado que tiene como principal objetivo aliviar la presión sobre la clase política y, especialmente, intentar poner freno al desgaste judicial del PP que, además del caso Gürtel y su derivado, el caso Bárcenas, solo en la Comunidad Valenciana afronta catorce investigaciones por corrupción

Durante una reunión celebrada el pasado fin de semana en Génova, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a las organizaciones territoriales del PP su intención de sustituir el término imputado -convertido, en opinión de altos cargos populares, casi en un sinónimo de condena a efectos de imagen social- por el de "encausado o investigado".

Acuciados por los casos de corrupción -Bárcenas, Gürtel, Pokemon, Brugal o Nóos- a los populares no les queda otra que intentar capear el temporal. Cavar una trinchera en la que tratar de defenderse frente al desgaste que sufre la marca del PP en los juzgados. Entre los notables populares se ha extendido la opinión de que la imputación -en la práctica, una garantía procesal que permite a un acusado disponer de abogado para su declaración y tener acceso a las actuaciones- se ha convertido en un lastre que, sin mediar condena de por medio, condiciona el futuro de la trayectoria de un político. Junto a eso, además, la situación económica atiza todavía más, si cabe, la crítica contra los políticos. Abono de primera calidad para que un paso judicial como la imputación -palabra que tanto PP como PSOE se han encargado de utilizar como arma arrojadiza- se convierta en un problema de primera magnitud.

Hace una semana, precisamente, la cúpula nacional del PP citó a sus organizaciones territoriales en Génova para marcar estrategia frente a los casos de corrupción y a los efectos de una crisis que ha colocado a los populares entre la espada y la pared. En una de las reuniones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a los dirigentes territoriales su intención de modificar la ley y cambiar la calificación de la imputación. Gallardón explicó que, en principio, el texto que baraja su departamento apunta a sustituir el término imputado por encausado o investigado.

Con la reforma que prepara el Gobierno, la imputación formal se produciría en el momento en el que el instructor, en el caso de que así lo considere oportuno y en función del avance de la investigación, decrete la apertura del juicio oral. Es decir, ganarían tiempo mientras se alargan las pesquisas.

No estamos, por tanto, ante una cuestión puramente semántica. De consumarse esta decisión, los políticos investigados por corrupción sortearían un estado judicial que se ha convertido en una losa para su futuro y evitarían, de alguna manera, el efecto negativo para sus intereses que supone la lentitud de la instrucción. Es decir, el Gobierno intentaría frenar el deterioro que sufre el PP y disponer de margen de maniobra no solo a la espera de que la economía mejore sino también a la hora de tomar decisiones drásticas contra los políticos inmersos en sumarios judiciales.

La modificación que prepara Gallardón, aunque en el fondo supone cambiar las reglas de juego en pleno partido, encaja con una opinión bastante generalizada en el PP que apunta a la necesidad de "suavizar" la actuación contra los políticos y respetar la presunción de inocencia. A día de hoy, sin embargo y como admiten en el PP, cualquier decisión que pueda parecer un intento de poner sordina a la corrupción puede acabar volviéndose en contra de quien la tome.