La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para las votaciones de hoy es delito, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente el proceso al admitir a trámite la impugnación del Gobierno.

A 24 horas de lo que la Generalitat ha acabado llamando "el proceso participativo del 9-N", el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazó a Mas a "recuperar la cordura" a partir de mañana, lunes, y empezar a hablar aunque, eso sí, dentro de la ley.

Rajoy subrayó que al 9-N "se le podrá llamar como se quiera, pero ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada que se le parezca" y "no produce efecto alguno". "Mientras yo sea presidente del Gobierno, la Constitución española se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España", subrayó el líder popular en un acto del PP en Cáceres. El president Artur Mas alertó, mientras tanto, contra "cualquier ataque directo a la democracia" y añadió que los alcaldes "no deben temer nada" por la cesión de locales para el 9-N, porque es un acto que se sustenta en derechos "fundamentales", y confirmó que será el Govern el que haga el recuento general de la votación y dé los resultados del 9-N. Entre tanto, la plataforma Federalistes d'Esquerres lanzó un manifiesto en el que advirtió de las "carencias gravísimas en un Estado de Derecho" que supone el 9-N y cargó contra una Generalitat cuya actitud "parece corresponder a tiempos dictatoriales". La declaración Por una democracia de todos ha sido elaborada por un grupo de juristas encabezados por el decano de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella, y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.