30 de agosto de 2017
30.08.2017

El Gobierno de Puigdemont desobedecerá al Constitucional y seguirá con la consulta

El Ejecutivo catalán asume "con todas las consecuencias" su desafío soberanista y no aclara el proceso que seguirá para tramitar las leyes de desconexión

30.08.2017 | 00:42
De izda. a dcha., Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull a su llegada, ayer, a la reunión del Ejecutivo catalán.

El Ejecutivo catalán no acatará las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que supongan bloquear las leyes de la consulta convocada para el 1 de octubre. El conseller de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, anunció ayer que el Govern de la Generalitat desoirá al Constitucional si anula la Ley del Referéndum, "con todas las consecuencias" que pueda acarrear, y sólo "obedecerá el mandato" del Parlamento catalán.

"Nos debemos a los ciudadanos y al Parlament. No nos movemos en términos de desobedecer o no acatar, sino que tenemos claro que lo que obedeceremos es el mandato de los ciudadanos y el Parlament, porque eso es la democracia", señaló. Con estos términos dejó constancia Turull de que el desafío soberanista entra en una fase abierta de confrontación con el Estado. El consejero no aclaró el procedimiento ni la fecha en que se abordará la aprobación de la Ley del Referéndum, que supuestamente daría cobertura a la consulta, y la de Transitoriedad, que entraría en vigor tras el triunfo del "sí".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, el portavoz de la Generalitat resaltó que hay "muchas vías" para aprobar esas leyes, como la opción del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite alterar el orden del día de un pleno en el último momento, o la del decreto ley del Govern, que se perfila como la vía más probable para sacar adelante la Ley del Referéndum.

Para Turull la cuestión no es "cómo se tramita" sino que "la determinación de hacer el referéndum es total y el 1-O los ciudadanos votarán".

La semana próxima el proceso soberanista entrará en un momento crítico por la cercanía de la fecha de la convocatoria. La mesa del Parlament no incluyó ayer en el orden del día del pleno próximo ninguna de las dos leyes, lo que rompe con las pautas habituales en la Cámara.

Junts pel Sí deja abierta la posibilidad de que ambas leyes vayan a un pleno monográfico, algo que no satisface a la CUP, partidaria de que sean aprobadas antes de la diada del próximo 11 de septiembre. "Solamente si Jxsí y la CUP quieren saltarse el reglamento podrán sacar adelante sus proyectos", advertía ayer la portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados. Los socialistas, junto con Ciudadanos, Catalunya Sí Que Es Pot y el PPC instaron ayer, sin éxito, a la presidenta, Carme Forcadell, a solicitar un informe jurídico para que los letrados de la Cámara se pronuncien tanto sobre el contenido de las leyes como el procedimiento para su tramitación.

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, asegura que "hay tiempo" hasta el próximo 1 de octubre para que el Estado y las instituciones de Cataluña aborden un diálogo que pueda derivar en un acuerdo, sin esperar al resultado de la consulta del primero de octubre. Urkullu es muy crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy, a quien atribuye la responsabilidad de la situación catalana por su "falta de voluntad política para buscar una solución".

"Creo que también es necesaria reflejar la constatación de falta de reconocimiento jurídico, político, e incluso de asunción social y cultural de nuestras realidades nacionales en el ámbito estatal", añadió. En este sentido, el lehendakari vasco señaló que, "después de tantos años, son necesarias estas consideraciones".

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