31 de agosto de 2017
31.08.2017

Fomento reforzó a la Guardia Civil en El Prat por riesgo de atentado

De la Serna considera que los paros del personal de seguridad creaban riesgos que se "han demostrado absolutamente reales"

31.08.2017 | 00:32
De la Serna, a la izquierda, en su comparecencia ante la comisión de Fomento del Congreso.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, justificó ayer en la alerta terrorista de nivel 4 la movilización de la Guardia Civil para hacer frente a la huelga total indefinida iniciada el pasado día 14 por el personal de seguridad del aeropuerto de El Prat en Barcelona. "No haberlo hecho habría sido una irresponsabilidad", explicó De la Serna en una comparecencia ante la comisión de Fomento.

En sus respuestas a las preguntas de los diputados, el Ministro remachó que la posibilidad de que se generaran "situaciones de riesgo", invocada en su día por Fomento y repetida ayer, "se ha demostrado absolutamente real", por lo que no haber desplegado a los agentes para suplir a los huelguistas "habría sido una irresponsabilidad".

De la Serna aprovechó para felicitarse de que "en el momento en el que entró la Guardia Civil se devolvió la normalidad a El Prat", ya que "desde entonces no se han producido incidencias significativas".

La huelga, suspendida por los trabajadores a raíz de los atentados de Barcelona, se desarrolló hasta el pasado día 17 con servicios mínimos del 90%. La comparecencia del ministro de Fomento se produjo la víspera de que hoy Marcos Peña, árbitro designado por el Gobierno para poner fin al conflicto laboral entre la empresa Eulen y los trabajadores de seguridad de El Prat, dé a conocer a las partes el laudo de obligatorio cumplimiento destinado a poner fin al conflicto. Los trabajadores decidieron este martes que, a partir del 8 de septiembre, inicio de un importante puente en Cataluña, se reanudarán las movilizaciones todos los viernes.

En la comparecencia, De la Serna respaldó la actuación del gestor aeroportuario Aena y de su presidente, José Manuel Vargas, que fue objeto de duras críticas de los diputados de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. Reclamaron la dimisión de Vargas, a quien acusaron de deslealtad "con el interés general y el servicio público".

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