08 de noviembre de 2017
08.11.2017

El ex presidente madrileño González dejará la cárcel si paga 400.000 euros de fianza

El juez García Castellón considera que hay escasas posibilidades de fuga por lo avanzado de la investigación y por la colaboración judicial de Colombia y Panamá

08.11.2017 | 01:06
Ignacio González.

El juez Manuel García Castellón impuso ayer una fianza de 400.000 euros en metálico al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para salir de prisión, donde se encuentra desde el 21 de abril por el caso Lezo, al considerar que ha disminuido el riesgo de que se fugue y de que vuelva a delinquir. El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión en un auto en consonancia con el criterio de la Fiscalía porque cree que hay escasas posibilidades de que se sustraiga a la justicia al estar muy avanzada la investigación y de que maneje fondos en el extranjero, gracias a la colaboración judicial de Colombia y Panamá.

Una vez que pague la fianza, lo que se estima que hará en los próximos días, González podrá salir de la cárcel madrileña de Soto del Real y después deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio. Además, el juez le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país.

Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".

"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", dice el magistrado.

Para García Castellón, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz Gallardón como presidente autonómico. Castellón cree que pudo ser González quien encargó y posteriormente ocultó un informe sobre la operación, realizado por un despacho de abogados y pagado con fondos públicos, aunque no se ha concretado todavía el importe exacto. "Una autoridad pública encarga y paga con dinero público un informe a un despacho de abogados para analizar la operación de compra de Inassa", indican.

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