23 de diciembre de 2017
23.12.2017

El fiscal exige identificar a colaboradores de Gallardón por la compra de Inassa

Reclama la citación de 25 personas que eran miembros del Canal de Isabel II

23.12.2017 | 01:30

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la "completa" identificación de los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando lo presidía Alberto Ruiz-Gallardón, que firmaron en 2001 el contrato de compra de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, como paso previo a su citación.

En un escrito remitido al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, la Fiscalía solicita también la citación de al menos 25 personas en calidad de investigados, entre ellos el que fuera presidente del Canal Pedro Calvo.

La Fiscalía se plantea desde hace tiempo la posibilidad de llamar como investigado en Lezo a Alberto Ruiz-Gallardón, si bien en este escrito pide nueva documentación tanto a la Comunidad de Madrid como al Canal de Isabel II antes de reclamar una imputación.

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante una "sociedad vehículo" de la empresa pública llamada Canal Extensia (constituida por el Canal el mismo mes de la compra), pero no se adquirió directamente a Inassa sino mediante una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Irregularidades

Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".

Hay además, según el escrito, "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.

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